Las dificultades que atraviesan para acceder a la Justicia las mujeres víctimas de violencia en el ámbito intrafamiliar, fue objeto de la reunión que mantuvieron el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Marcelo Honores, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia bonaerense, Juan Carlos Hitters.
Durante el encuentro, del que también participaron los equipos técnicos de las dos instituciones, se particularizó sobre el abordaje establecido por los juzgados de Familia y de Paz, que dictan medidas de protección destinadas a hacer cesar y evitar el agravamiento de la situación de riesgo que enfrentan las mujeres víctimas de violencia.
A todo esto, el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría, planteó las dificultades en la actuación de la justicia de Paz y remarcó que "la obligación impuesta a las denunciantes de que concurran personalmente a ratificar la denuncia que ya realizaron ante la policía, para que no se archive la causa, constituye una instancia de revictimización".
Asimismo, puntualizó que otro obstáculo que enfrentan las mujeres víctimas es el requerimiento de que "aporten elementos de prueba para que se dicten medidas de protección, lo que deja sin cubrir necesidades fundamentales como la cuota alimentaria y el régimen de visitas".
El OVG subrayó la necesidad de capacitar a los operadores judiciales en perspectiva de género y un marco conceptual y teórico que les permita definir intervenciones adecuadas a la problemática.
Destacó la "necesidad de establecer gestiones articuladas con las comisarías: rápida elevación de las denuncias y forma de recepcionarlas; notificación de las medidas de protección y rápida actuación ante el incumplimiento de las medidas".
Paralelamente, el Observatorio propuso hacer un relevamiento sobre la experiencia piloto de los juzgados de Familia con especialización en protección contra la violencia familiar en el Departamento Judicial de La Plata, y anticipó la decisión de realizar un relevamiento diagnóstico que será puesto a disposición del máximo tribunal de la bonaerense.
Los temas expuestos por los representantes de la Suprema Corte giraron en torno a la puesta en funcionamiento del Registro de Violencia Familiar, con datos estadísticos y de gestión, que comenzó a funcionar en diciembre del año 2015.
Se informó que se están llevando adelante capacitaciones sistemáticas y exhaustivas para los operadores judiciales, y se anunció la elaboración de un protocolo dirigido a los funcionarios judiciales para la incorporación de la perspectiva de género.
Desde la secretaría de Planificación de la Corte, se trabaja en vincular las causas que tramita el fuero Penal, con las que gestionan los juzgados de Paz y de Familia.
Además de Honores y Hitters, participaron de la reunión Lauranza Malacanza (coordinadora del OVG) y por la Corte, Abel Otonello (dirección de la Justicia de Paz Letrada), Néstor Trabucco (secretaría de Planificación), Claudia Portillo (secretaría de Asuntos Jurisdiccionales) y el relator Homero Villafañe.
Por último, la Defensoría y la Corte acordaron establecer líneas de trabajo conjuntas para avanzar en las definiciones concretas que garanticen el acceso a la justicia de las mujeres.
La Plata, 11 de marzo de 2016
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