Muertes Menores

Viernes, 2 de septiembre de 2011

VIOLENCIAS

Muertes menores

La breve vida de Rossana tuvo su final en la calle, donde había vivido, entre autos que cierran abruptamente las ventanillas para no ver ni dar las monedas que ella pedía. Apenas había cumplido los once cuando fue atropellada, pero casi desde que sabía hablar se había alertado desde distintos servicios sociales sobre su extrema vulnerabilidad. La burocracia, la falta de adecuación a las leyes que protegen a niños y niñas de quienes tienen que aplicarla, la falta de comunicación entre jurisdicciones hicieron de su final una muerte anunciada que ahora se denuncia como un urgente llamado de atención.

 Por Roxana Sandá

Rossana B. R., una niña de 11 años que había aprendido a sobrevivir en la calle desde los seis, murió en marzo último víctima de un accidente de tránsito en la localidad de Punta Lara, en el municipio de Ensenada. La noticia podría ocupar la zona gris con que se rellenan márgenes de los diarios, si no fuera porque la situación de extrema vulnerabilidad de la niña era denunciada desde 2006 por diferentes espacios de protección de la infancia. Pero las respuestas de los servicios locales, municipales y provinciales sólo se caracterizaron por la inacción y el destrato.

Hasta su fallecimiento, Rossana recorrió a los tumbos una parábola amplia entre el oeste y el sur bonaerenses que no alcanzó a contenerla ni a despegarla de una realidad que hoy replican su madre y sus hermanos en Ensenada.

“Su muerte ha sido anunciada debido a la vulneración recurrente de derechos y el ineficiente accionar de los servicios públicos” especializados en niñez, advierte un comunicado del Consejo Local de Promoción y Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Morón, territorio donde se inició el seguimiento en calle.

“Lamentablemente, su historia no constituye un hecho aislado, sino una tímida muestra de las consecuencias ante las ineficientes cuando no inexistentes respuestas que deberían brindar los organismos creados para dar plena satisfacción según el nuevo paradigma del sistema”, que establece la Ley 13.298, de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires.

Desde la organización social independiente El Transformador, que integra el Consejo Local y que asistió a la nena y a su familia durante cinco años, precisaron que “se formularon informes y denuncias reiteradas sobre la gravedad de la situación de abandono que datan de 2006, pero no hubo respuestas”.

Ni términos de cambio posible para su crecimiento: Rossana pedía monedas en las estaciones de tren, limpiaba vidrios y mendigaba en casas y comercios bajo una exposición brutal que la convirtió en víctima de abusos de todo tipo. Nunca logró sostener su escolaridad, aunque expresaba claramente el deseo de hacerlo. “Su salud se fue deteriorando año a año, en sintonía con la calidad de su higiene, sueño y alimentación –-revelaron–. Fueron numerosas las situaciones de violencia familiar de las que fue testigo o principal damnificada.”

En el estudio “Inversión pública social en infancia y adolescencia: un análisis institucional y presupuestario para el municipio de Morón”, trabajo conjunto de Unicef Argentina y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), publicado en diciembre de 2010, se entrelazan los obstáculos con los desafíos de coordinación que significa para los municipios la entrada en vigencia en 2005 de la Ley 13.298 y la derogación del decreto ley 10.067 de Patronato, de la última dictadura militar.

Si bien el nuevo marco establece espacios de articulación, “éstos estuvieron sesgados por diversas contingencias políticas”. Según el informe, desde la implementación de la norma “el Ministerio de Desarrollo Social provincial fue ocupado por tres ministros distintos, y fueron designados al máximo cargo de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia cuatro funcionarios diferentes”. Las personas entrevistadas confirmaron que esas discontinuidades en la gestión “dificultaron, entre otros factores, el fortalecimiento y la profundización de la relación entre los niveles provinciales y municipales de gobierno”.

De junio de 2006, cuando se dio intervención al Tribunal de Menores Nº 1 de La Matanza por la custodia del hijo menor de la madre de Rossana, a la fecha, el derrotero del grupo familiar recorrió al menos seis servicios locales y zonales de La Matanza, San Justo, kilómetro 29 de la Ruta 3, Lomas de Zamora, Ingeniero Budge y La Plata. En ninguna de estas intervenciones se tuvieron en cuenta los diagnósticos elaborados por los operadores de El Transformador, único servicio que mantuvo una vinculación directa con la familia.

Diego Eiras, que integra el equipo de calle de esa organización y fue una de las personas que intervinieron en el trabajo de acompañamiento de Rossana, define la experiencia de vida de la niña “como el cuento, la crónica de una muerte anunciada. Todos sus derechos fueron vulnerados y eso sucedió frente a los ojos de nuestra sociedad. No ocurrió de un día para el otro, sino a través de un proceso de años. Los que trabajamos con infancia y adolescencia vemos esto a diario, pero estamos luchando para torcer esos rumbos”.

Las causas que precipitan a niñas y niños a condiciones de vida miserables son múltiples y complejas, sostiene la declaración del Consejo Local. Tiene que ver la falta de becas, de estructura, de personal pero sobre todo “la mirada estigmatizante y la falta de compromiso que circula en nuestra sociedad, de la que no escapan las y los trabajadores de la niñez”.

La descentralización de los municipios abrió “un escenario complejo al momento de diseñar, ejecutar y financiar las políticas públicas y, en particular, aquellas orientadas a infancia y adolescencia”, afirma la investigación de Unicef y el Cippec. Sucede que el sistema de promoción y protección que establece la Ley 13.298 exige desde varios frentes un desarrollo institucional superior al que existe, la atención directa de los casos, el mejoramiento de los recursos económicos, la capacitación de los efectores, el fortalecimiento de la coordinación entre dependencias y la participación de la sociedad civil.

Eiras admite que la normativa actual “es muy interesante y todos los efectores estamos tratando de ejecutarla de la mejor manera posible. Pero los paradigmas hay que construirlos, y aún se observa la marcada continuidad con el anterior, de Patronato, en muchos ámbitos”. Una alternativa inicial posible conjugaría miradas diferentes sobre la niñez que habita el espacio callejero. “No como lugar marginal y transitorio que pueden atravesar chicas y chicos en contextos de pobreza, sino entendiendo sus realidades como experiencias de vida en la calle –concluye–. Porque son las trayectorias vividas intensamente las que les dejan marcas que cruzan su identidad no sólo en una situación determinada, sino en toda su futura experiencia de vida.”