España es uno de los países consumidores de turismo sexual pederasta en todo el mundo, tal y como denuncia la coordinadora de derechos de la infancia de Save the Children, Liliana Orjuela, en declaraciones a Europa Press.
Al tiempo, añade que hay destinos turísticos donde la legislación contra el turismo pederasta es más "relajada". Según datos de la organización, citados por la revista 'Vida Nueva', hasta 40.000 españoles realizan cada año este tipo de viajes. En esta línea, el responsable de derechos de la infancia de Unicef España, Gabriel González-Bueno, señala que según la encuesta 'Actitud de la sociedad española ante la práctica de la explotación sexual infantil en los viajes', realizada junto a la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM) en 2006, el 10 por ciento de los 1.200 encuestados conocía a alguien que había viajado a un país "para tener relaciones sexuales con menores de edad". Para luchar contra este problema, se elaboró en 1998 el 'Código de conducta del sector turístico para la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual en los viajes y en el turismo', concebido por la ECPAT-Suecia (parte de la Red internacional contra la prostitución y la pornografía infantil y el tráfico sexual de menores). Desde la creación del Código, "Unicef lo ha apoyado con recursos económicos y de otro tipo" y tres empresas turísticas españolas están adheridas: Hoteles Sol Meliá & Resorts, Hoteles Barceló & Resorts y Viajes Mogador, como informa ACIM. Unicef y Save the Children realizan trabajos conjuntos junto a los gobiernos de los países donde están presentes. Save the Children ha trabajado en campañas de prevención y de apoyo para la formulación de planes "de tal modo que a nivel estatal haya medidas específicas de sensibilización y protección, pero también la promoción del trabajo de cooperación policial mundial". Por su parte, Unicef ha trabajado con "eficacia" en algunos países como la República Dominicana --uno de los destinos preferidos de los pederastas españoles según indica Orjuela-- y ha contribuido a cambiar las leyes en países que históricamente "han tenido fama de ser destino de turismo sexual infantil, como por ejemplo, Tailandia". Asimismo, Unicef ha colaborado en la lucha contra el turismo pederasta en países no identificados habitualmente con este problema. Éste es el caso de Sudáfrica, un país en el que, como señala González-Bueno en declaraciones a Europa Press, se actuó de manera preventiva durante la celebración del Mundial de Fútbol y en el que, según unos estudios previos, había entre 28.000 y 30.000 menores de edad, la mayoría con edades comprendidas entre los diez y los catorce años, "que podían estar inmersos en temas de explotación sexual". Pero este problema no es ajeno a España. Según información de ACIM a la que ha tenido acceso Europa Press, durante el periodo 2002-2006, la Guardia Civil española "detectó 2.749 casos de tráfico de menores, de los que cerca de 750 fueron únicamente con fines de tráfico sexual" y en el pasado mes de julio "siete menores fueron rescatadas de redes de prostitución en Cataluña". "LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA INFANCIA ES UN DELITO" Un mensaje en el que tanto Save the Children como Unicef coinciden es que "la utilización de niños y adolescentes en actividades sexuales remuneradas y otras formas de explotación sexual son formas de vulneración de derechos de la infancia, y ante todo, son un delito". Además, González-Bueno recuerda que el objetivo de la campaña 'No hay excusas', de Unicef España, era "contribuir al conocimiento de la sociedad española sobre este problema y que la explotación sexual de menores de edad es un delito". Como asegura Orjuela, el turismo sexual infantil se define a nivel internacional como la explotación por parte de una persona o un grupo de personas que viajan fuera de su país con la intención de mantener relaciones sexuales con menores de edad que pueden implicar algún tipo de remuneración en dinero o en especies, y en muchas ocasiones el objetivo no es específicamente tener relaciones sexuales con niños". Por ello, González-Bueno explica que parte de las actividades de Unicef pretenden enseñar a los niños para que sean capaces de prevenir este tipo de situaciones, "explicarles lo que supone que un adulto se acerque a ellos, sus intenciones y las consecuencias que tienen la explotación y el abuso sexual". Asimismo, las ONG y ACIM recalcan que la explotación sexual y comercial infantil existe porque "hay oferta y demanda", y uno de los mayores problemas para indagar en el problema y solucionarlo, tanto en España como en el resto de países, es que se trata de una actividad clandestina. "No hay posibilidad de tener estimaciones muy fiables por parte de quienes pueden estar incumpliendo la Ley", afirma el responsable de Unicef. En este sentido, González-Bueno reconoce que se ha avanzado mucho en la lucha contra el turismo sexual pederasta en el ámbito y penal debido con la última reforma del Código Penal "se penaliza de forma expresa no sólo al proxeneta sino también al cliente". Liliana Orjuela también comenta que se ha avanzado mucho en las legislaciones de los países, aunque advierte de que el número de víctimas "no disminuye", por lo que considera necesario "seguir trabajando y cooperando a nivel internacional, llevar a cabo políticas y programas sociales que fortalezcan a las familias para que tengan capacidad de respuesta y trabajar en el replanteamiento de muchas actitudes patriarcales y las formas de ejercicio del que vulneran los derechos de la infancia". Asimismo, González-Bueno asegura que, por ejemplo, cuando se reforzó la persecución policial y judicial en Tailandia el problema se trasladó a países vecinos como Camboya y Vietnam, por lo que coincide con Orjuela y señala que aún es necesaria "una colaboración internacional y homogénea". En este sentido González-Bueno asegura que la corrupción instalada en las autoridades de algunos países "es un obstáculo en la lucha contra este problema". Asimismo, Orjuela asegura que el consentimiento familiar no se produce tanto por ser una costumbre, sino que está más asociado "a la desigualdad y a la pobreza". Por lo tanto, en coincidencia con González-Bueno, afirma que el retraso en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio --sobre todo el primero, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre-- influye en la dificultad para erradicar la explotación y el comercio sexual infantil, aunque el responsable de Unicef España destaca que la relación entre pobreza y explotación sexual "no es lineal.”
Al tiempo, añade que hay destinos turísticos donde la legislación contra el turismo pederasta es más "relajada". Según datos de la organización, citados por la revista 'Vida Nueva', hasta 40.000 españoles realizan cada año este tipo de viajes. En esta línea, el responsable de derechos de la infancia de Unicef España, Gabriel González-Bueno, señala que según la encuesta 'Actitud de la sociedad española ante la práctica de la explotación sexual infantil en los viajes', realizada junto a la Asociación Catalana por la Infancia Maltratada (ACIM) en 2006, el 10 por ciento de los 1.200 encuestados conocía a alguien que había viajado a un país "para tener relaciones sexuales con menores de edad". Para luchar contra este problema, se elaboró en 1998 el 'Código de conducta del sector turístico para la protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual en los viajes y en el turismo', concebido por la ECPAT-Suecia (parte de la Red internacional contra la prostitución y la pornografía infantil y el tráfico sexual de menores). Desde la creación del Código, "Unicef lo ha apoyado con recursos económicos y de otro tipo" y tres empresas turísticas españolas están adheridas: Hoteles Sol Meliá & Resorts, Hoteles Barceló & Resorts y Viajes Mogador, como informa ACIM. Unicef y Save the Children realizan trabajos conjuntos junto a los gobiernos de los países donde están presentes. Save the Children ha trabajado en campañas de prevención y de apoyo para la formulación de planes "de tal modo que a nivel estatal haya medidas específicas de sensibilización y protección, pero también la promoción del trabajo de cooperación policial mundial". Por su parte, Unicef ha trabajado con "eficacia" en algunos países como la República Dominicana --uno de los destinos preferidos de los pederastas españoles según indica Orjuela-- y ha contribuido a cambiar las leyes en países que históricamente "han tenido fama de ser destino de turismo sexual infantil, como por ejemplo, Tailandia". Asimismo, Unicef ha colaborado en la lucha contra el turismo pederasta en países no identificados habitualmente con este problema. Éste es el caso de Sudáfrica, un país en el que, como señala González-Bueno en declaraciones a Europa Press, se actuó de manera preventiva durante la celebración del Mundial de Fútbol y en el que, según unos estudios previos, había entre 28.000 y 30.000 menores de edad, la mayoría con edades comprendidas entre los diez y los catorce años, "que podían estar inmersos en temas de explotación sexual". Pero este problema no es ajeno a España. Según información de ACIM a la que ha tenido acceso Europa Press, durante el periodo 2002-2006, la Guardia Civil española "detectó 2.749 casos de tráfico de menores, de los que cerca de 750 fueron únicamente con fines de tráfico sexual" y en el pasado mes de julio "siete menores fueron rescatadas de redes de prostitución en Cataluña". "LA EXPLOTACIÓN SEXUAL DE LA INFANCIA ES UN DELITO" Un mensaje en el que tanto Save the Children como Unicef coinciden es que "la utilización de niños y adolescentes en actividades sexuales remuneradas y otras formas de explotación sexual son formas de vulneración de derechos de la infancia, y ante todo, son un delito". Además, González-Bueno recuerda que el objetivo de la campaña 'No hay excusas', de Unicef España, era "contribuir al conocimiento de la sociedad española sobre este problema y que la explotación sexual de menores de edad es un delito". Como asegura Orjuela, el turismo sexual infantil se define a nivel internacional como la explotación por parte de una persona o un grupo de personas que viajan fuera de su país con la intención de mantener relaciones sexuales con menores de edad que pueden implicar algún tipo de remuneración en dinero o en especies, y en muchas ocasiones el objetivo no es específicamente tener relaciones sexuales con niños". Por ello, González-Bueno explica que parte de las actividades de Unicef pretenden enseñar a los niños para que sean capaces de prevenir este tipo de situaciones, "explicarles lo que supone que un adulto se acerque a ellos, sus intenciones y las consecuencias que tienen la explotación y el abuso sexual". Asimismo, las ONG y ACIM recalcan que la explotación sexual y comercial infantil existe porque "hay oferta y demanda", y uno de los mayores problemas para indagar en el problema y solucionarlo, tanto en España como en el resto de países, es que se trata de una actividad clandestina. "No hay posibilidad de tener estimaciones muy fiables por parte de quienes pueden estar incumpliendo la Ley", afirma el responsable de Unicef. En este sentido, González-Bueno reconoce que se ha avanzado mucho en la lucha contra el turismo sexual pederasta en el ámbito y penal debido con la última reforma del Código Penal "se penaliza de forma expresa no sólo al proxeneta sino también al cliente". Liliana Orjuela también comenta que se ha avanzado mucho en las legislaciones de los países, aunque advierte de que el número de víctimas "no disminuye", por lo que considera necesario "seguir trabajando y cooperando a nivel internacional, llevar a cabo políticas y programas sociales que fortalezcan a las familias para que tengan capacidad de respuesta y trabajar en el replanteamiento de muchas actitudes patriarcales y las formas de ejercicio del que vulneran los derechos de la infancia". Asimismo, González-Bueno asegura que, por ejemplo, cuando se reforzó la persecución policial y judicial en Tailandia el problema se trasladó a países vecinos como Camboya y Vietnam, por lo que coincide con Orjuela y señala que aún es necesaria "una colaboración internacional y homogénea". En este sentido González-Bueno asegura que la corrupción instalada en las autoridades de algunos países "es un obstáculo en la lucha contra este problema". Asimismo, Orjuela asegura que el consentimiento familiar no se produce tanto por ser una costumbre, sino que está más asociado "a la desigualdad y a la pobreza". Por lo tanto, en coincidencia con González-Bueno, afirma que el retraso en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio --sobre todo el primero, la erradicación de la pobreza extrema y el hambre-- influye en la dificultad para erradicar la explotación y el comercio sexual infantil, aunque el responsable de Unicef España destaca que la relación entre pobreza y explotación sexual "no es lineal.”
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