Manifestar su preocupación frente al contexto de violencia contra las mujeres en la Provincia, es lo que expresó el Observatorio de Violencia de Género (OVG) de la Defensoría del Pueblo bonaerense en un informe que le presentó a la Relatora de Violencia contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Dubravka Simonovic.
El trabajo, dado a conocer en el marco de una reunión con organizaciones de la sociedad civil y organismos de control, puso el foco en el Plan de Género con el cual el Ejecutivo provincial busca concentrar recursos presupuestarios y profesionales para la creación de dispositivos institucionales que atienden la emergencia.
En este caso, el OVG puso en foco en que se deben generar políticas integrales de prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia, es decir, aquellas que prioricen el acceso al empleo formal a programas de construcción y/o créditos, planes de acceso al suelo urbano, servicios y la regularización de la vivienda.
Además, en el informe el Observatorio señaló su preocupación frente a la persistencia de procedimientos administrativos y judiciales inadecuados a la legislación nacional de violencia contra las mujeres. Por ejemplo, la utilización de la mediación penal en casos de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres o la vigencia de ordenanzas municipales que habilitan lugares de explotación sexual, a pesar de su prohibición establecida por normas nacional.
Por otro lado, el OVG puso el acento en las dificultades para dar una respuesta efectiva a las personas que denuncian violencia obstétrica. En este caso, el Observatorio recibió más de 70 quejas por esta modalidad de violencia. Hay casos en que, en el momento del parto, las mujeres encarceladas permanecen con grilletes en los hospitales públicos, incluso en el momento del amamantamiento. Sin embargo, no ha sido sancionado ningún profesional médico por haber ejercido violencia obstétrica.
El acceso a la Justicia también quedó reflejado en el estudio presentado a la Relatora de Violencia contra las Mujeres de la Organización de la ONU. En este caso, se observó una dispersión de procedimientos judiciales que deben enfrentar las mujeres víctimas de violencia, las actuaciones y prácticas judiciales y la falta de patrocinio jurídico gratuito.
Por otro lado, el aumento de las denuncias en el Fuero de Familia por violencia familiar no ha sido acompañado de una reestructuración institucional del fuero. Tampoco han sido elaborados directrices ni protocolos que adecuen los procedimientos y prácticas judiciales a los estándares internacionales y nacionales en materia de violencia contra las mujeres. En este sentido, el OVG detalló en el informe la necesidad de promover la creación de áreas especializadas en violencia contra las mujeres tanto en la Suprema Corte de Justicia como en el Ministerio Público.
En esa línea, el estudio detalla que la falta de acceso al patrocinio jurídico gratuito es una de las mayores dificultades que encuentran las mujeres que tramitan sus causas judiciales. Más del 75 % de las causas que se inician por lesiones y amenazas en contextos de violencia son archivadas por la justicia provincial. Para el OVG es necesario crear de un Cuerpo de abogados dependientes del Ministerio Público para representar judicialmente y en forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia y a los familiares de aquellas mujeres que han sido asesinadas en contextos de violencia de género.
Por otro parte, el Observatorio señaló las dificultades que aún persisten en la definición de un sistema de registros unificados entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, tanto para la tramitación de las causas como para el efectivo cumplimento de las medidas de protección y el acceso a políticas de atención integral.
Respecto a los femicidios, el OVG puso el foco en la disparidad de criterios que se utilizan para producir información oficial y la resistencia de los operadores judiciales de caratular de esta manera los asesinatos de mujeres en contexto de violencia de género.
Por último, el Observatorio destacó el masivo encarcelamiento de mujeres pobres y migrantes por causas relacionadas al "narcomenudeo". El informe destaca que "la mayoría de las mujeres presas son madres y jefas de hogar, su encarcelamiento y la ausencia de políticas sociales afectan principalmente a sus hijos, promoviendo procesos de institucionalización o adopción".
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