miércoles, 21 de septiembre de 2016

Autorizan práctica por déficit de hormonas de crecimiento

Luego de resaltar que se encuentra en juego el interés superior del niño proyectado en el futuro y en mejorar su calidad de vida y de relación utilizando los medios técnicos y científicos que la medicina brinda, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución de primera instancia que autorizó el tratamiento por déficit de hormonas de crecimiento a un menor, a pesar de la oposición de su padre.
En la causa “L. N. y otro c/ G.M.D.L.A. s/ autorización”, la madre del menor solicitó la autorización judicial a fin de realizar un tratamiento médico por déficit de hormonas de crecimiento, en razón de que de los estudios médicos realizados surge un diagnostico de “Deficit de hormona de crecimiento”.
Escrito
En el escrito de inicio, la accionante manifestó que la autorización judicial se solicita en razón de que el progenitor del menor se opone al tratamiento médico, que consiste en la aplicación de inyecciones subcutáneas de somatotrofina.
El juez de primera instancia autorizó el tratamiento requerido por la progenitora respecto de su hijo, siendo dicho pronunciamiento apelado por el padre del menor, quien se agravió porque el magistrado de grado no hizo lugar a las medidas en las que solicitó la apertura de una instancia de mediación ante el Centro de Prevención y Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, una consulta a los doctores Alberto Isa, Silva Mercado y Raúl Haber para que den su opinión respecto al tratamiento solicitado por la progenitora y una consulta y entrevista con un psicólogo para preparar al menor.
Los jueces José Benito Fajre, Liliana Abreut de Begher y Claudio Kiper, integrantesde la Sala H, señalaron en primer lugar que, “al tratarse de un pedido de autorización para efectuar un tratamiento médico a un menor no es necesaria la etapa de mediación puesto que atento a la naturaleza de la petición y al tratarse una cuestión que requiere de un diagnostico médico, la mediación previa solicitada por el progenitor carece de sustento fáctico y jurídico”.
Postura
En la sentencia se explicó que “en el caso no está en juego la postura de los padres respecto a la salud del menor sino el interés superior del niño proyectado en el futuro y en mejorar su calidad de vida y de relación utilizando los medios técnicos y científicos que la medicina brinda y que en este caso en particular fueron aconsejados por profesionales de la medicina”.
Luego de ponderar que el diagnóstico y tratamiento aconsejado no fue objetado por el recurrente, la mencionada Sala concluyó que “el padre del menor no acompañó ningún informe médico que demostrara que el diagnóstico y tratamiento aconsejado resultaba erróneo o innecesario, ello no obstante lo manifestado, motivo por el cual corresponde rechazar los agravios
Fuente: Comercio y Justicia

Fecha: 19/09/2016 - Región: Cdad. Bs. As.


Los padres de alumnas “hostigadoras” no responderán civilmente

El a quo desestimó el reclamo y la alzada respaldó su criterio. El tribunal enfatizó que no se demostró supuesto fáctico que permitiera tener configurado el tipo de comportamiento contemplado por la ley 26892, la cual, además, no estaba vigente al tiempo de los hechos
La Sala G de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil rechazó la demanda por daños y perjuicios que persentaron los padres de una alumna de un colegio secundario quien fue hostigada por sus compañeras, en contra del establecimiento educativo, de su rector y de los progenitores de las jóvenes.
A su turno, el a quo desestimó el reclamo y la alzada respaldó su criterio.
Para el tribunal, los accionados no deben responder por las presuntas amenazas que habría sufrido la hija de los reclamantes porque no se demostró el supuesto fáctico que permite tener configurado el tipo de comportamiento contemplado por la ley 26892 (de promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas, o antibullyng) que, por otra parte, no se hallaba vigente al tiempo de los hechos sobre los que se fundó el pedido.
Según denunciaron los actores, A. M. fue agredida en el colegio y a través de mensajes por correo electrónico. Además, expresaron que las compañeras de la adolescente le hurtaron su teléfono celular.
Dado que no se encontró mérito suficiente para culpablizar a los padres de las alumnas codemandados por el hostigamiento escolar alegado, la Cámara también desestimó la acción de daños entablanda en contra del establecimiento educativo y de su director, pues cayó el fundamento central sobre el que se fundó el reclamo.
“La responsabilidad de los padres por el hecho de sus hijos contemplada en el derogado Código Civil (artículo 1114), a diferencia de la prevista en la legislación vigente (artículo 1755) es de naturaleza subjetiva”, precisó el tribunal.
En ese sentido, señaló que el deber de los padres de responder por el hechos de sus hijos es un correlato de la guarda, entendida como la función de convivir con una persona que, por falta de madurez, no puede ejercer plenamente sus derechos, con la finalidad de procurar su protección y desarrollo integral.
Directivos
En tanto, puntualizó que la responsabilidad de los propietarios de establecimientos educativos o directivos por los daños sufridos por los alumnos, contemplada actualmente en el artículo 1733 del Código Civil, es objetiva y su fundamento se encuentra en el riesgo que conllevan las actividades que involucran a infantes y adolescentes quienes, por su desarrollo evolutivo, resultan naturalmente propensos a la realización de actos potencialmente perjudiciales.
“En razón de la fecha en la que tuvieron lugar los hechos invocados como generadores de la deuda que se reclama no corresponde la aplicación retroactiva del nuevo ordenamiento”, concluyó la alzada.
“El deber de los padres de responder por el hecho de sus hijos es un correlato de la guarda, entendida como la función de convivir con una persona que, por falta de madurez, no puede ejercer plenamente sus derechos, con la finalidad de procurar su protección y desarrollo integral”, precisó la alzada.
Fuente: Comercio y Justicia
Fecha: 19/09/2016 - Región: Cdad. Bs. As.

martes, 20 de septiembre de 2016

Condenan a un hombre filmado por cámaras de seguridad mientras besaba en la boca a unas nenas a cambio de dinero

SENTENCIA
TRIBUNAL DE IMPUGNACION
SALTA, SALTA
22 de Junio de 2016
Id SAIJ: NV15364

SINTESIS

Confirma la condena de un hombre por considerarlo responsable del delito de corrupción de menores agravada tras ser filmado por las cámaras de seguridad del Sistema de Emergencias 911 en momentos en que les daba dinero a unas niñas para luego besarlas en la boca. El tribunal considera que el delito es de peligro concreto y no de resultado, la conducta comprobada resulta objetiva y racionalmente peligrosa. A su vez, remarcó que no existe violación de garantía alguna al registrar los hechos que ocurren en la vía pública, pues quien allí desarrolla sus actos no puede esperar privacidad, de manera que no se advierte que se haya incorporado prueba ilegal.

En un reclamo por alimentos es competente el juez del lugar en donde el menor tiene su centro de vida

SENTENCIA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION
CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
30 de Agosto de 2016
Id SAIJ: NV15352

SINTESIS

En el marco de un conflicto de competencia suscitado en una causa que tiene por objeto el aumento de la cuota alimentaria -iniciado ante un Juzgado de Familia de Lanús, Provincia de Buenos Aires- de los hijos menores pactada oportunamente en el contexto del divorcio de los progenitores que tramitó ante un Juzgado Nacional en lo Civil, resuelve que es competente el tribunal provincial dado que los menores residen junto a su madre en la localidad de Lanús. Señala que ninguno de los interesados vive en la Ciudad de Buenos Aires y que, en consecuencia, adquiere virtualidad el criterio que remite al tribunal del territorio donde habita efectivamente el titular menor de edad del derecho alimentario, dada la relevancia que reviste la inmediación para la tutela de la niñez. En tal sentido destaca que el art. 716 del Código Civil y Comercial de la Nación determina que en los procesos referidos a responsabilidad parental, que modifican lo resulto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde los menores de edad tienen su centro de vida.
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sábado, 17 de septiembre de 2016

Rechazan pedido de daño moral por falta de reconocimiento paterno

En primera instancia el a quo hizo lugar al pedido, pero la alzada revocó el fallo. El Máximo Tribunal de Santa Fe rechazó el recurso del actor y destacó que no acreditó que el accionado hubiera sabido del embarazo o de su nacimiento
En Santa Fe, la Corte Suprema de Justicia provincial confirmó el rechazo de la pretensión de L.M., quien reclamó ser resarcido por el daño moral derivado de la falta de reconocimiento de su padre.
A su turno, la Alzada -por mayoría- hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el demandado y revocó la sentencia del a quo, que había acogido el pedido de reparación.
El accionante recurrió ante la Corte santafesina, alegando que el decisorio de segunda instancia contenía vicios que lo descalificaban como acto jurisdiccional válido y que lesionaba sus derechos constitucionales.
Sin embargo, el Máximo Tribunal de Santa Fe desestimó el planteo y enfatizó que, si no se acreditó que el demandado conocía el embarazo y posterior nacimiento del actor, su pedido no tenía sustento.
“Las postulaciones del impugnante sólo trasuntan su mera discrepancia sin entidad constitucional con la respuesta jurisdiccional brindada por la Alzada sobre cuestiones fácticas y de interpretación probatoria, propias de los jueces de la causa, y que no incumbe a esta Corte revisar por la vía extraordinaria, a menos que se demuestre una palmaria irrazonabilidad o el soslayamiento de pruebas decisivas para revertir la suerte del litigio”, aclaró.
Noviazgo
En ese sentido, plasmó que la Cámara sentenció conforme a derecho, ya que lo único que se acreditó en la causa era la probabilidad de 99,99% de que el accionado sea el padre biológico de la parte actora, sin que conste prueba alguna sobre el conocimiento del embarazo y posterior nacimiento por parte del padre. “Las únicas testigos ofrecidas por la actora sólo corroboran el noviazgo y, por eso no cabe más que el rechazo del remedio intentado”, acotó la Corte provincial.
En su fallo, el Alto Cuerpo explicó que la conducta a valorar para la configuración del daño moral por falta de reconocimiento paterno no puede ser otra más que la postura asumida por el progenitor a partir de que toma conocimiento del embarazo o posterior alumbramiento, hasta el proceso de filiación extramatrimonial.
Así, destacó que en el proceso, en atención a la inexistencia de pruebas respecto a una noticia anterior a la promoción de la acción, el conocimiento de la paternidad no podía ser retrotraído más que a la fecha del resultado del examen positivo de ADN, so pena de incurrir en arbitrariedad en la actividad de valoración probatoria del tribunal.
Fuente: Comercio y Justicia
Fecha: 15/09/2016 - Región: Santa Fe

AUTORIZAN EL TRASLADO DE UNA NIÑA AL EXTERIOR JUNTO CON SU MADRE PARA RADICARSE CON SU NUEVA FAMILIA

Fuente: CAM     Dra. MARIA ANDREA ESPARZA
El fallo en comentario resuelve un entuerto que desde hace varios años ya, se ha hecho común en los juzgados del fuero de familia. La globalización, el avance de las comunicaciones, de la tecnología, provocan cada vez mayores vínculos afectivos “a la distancia”. Vínculos que en algún momento desean cercanía, convivencia y es allí, cuando hay niños, niñas y adolescentes involucrados, que se producen los conflictos entre los progenitores. Uno desea comenzar una nueva vida, en otro Estado, con nuevos proyectos y sueños donde están incluidos sus hijos y otro desea no perder la cotidianeidad con ellos, aún cuando esa cotidianeidad no sea de todos los días. Basta con saberlos cerca para darle la tranquilidad de “no perderlos”.

El presente es un caso de derecho internacional privado , ya que éste regula relaciones jurídicas en las que aparece un elemento extraño al derecho local, ostensible u oculto ( ej. lugar de residencia habitual en otro Estado ), donde se hallan involucrados intereses privados y respecto de las cuales pueda plantearse un conflicto de leyes y/o de jurisdicciones.

HECHOS

En el caso en análisis es la progenitora quien solicita la autorización judicial para trasladar la residencia habitual de su hija a Estados Unidos de Norteamérica. Alega estar separada del padre de la niña y hacerse cargo de su cuidado personal, crianza y desarrollo, que la cuota alimentaria que abona aquél sólo alcanza a cubrir una mínima parte de los gastos y que hace un año que sólo comparte con la niña los días miércoles, a pesar que en el régimen de comunicación se acordaron más días.

El motivo de su petición radica en que ha entablado una relación sentimental con un señor que vive en Estados Unidos de Norteamérica, que tienen planes de convivir y radicarse allí, que ya han compartido viajes con la niña a dicho país y que ella tiene excelente relación con su pareja y las hijas de éste. Considera que el viaje y permanencia en aquél país le brindará a su hija nuevas posibilidades de educación, de experimentar vivencias en el exterior, aprender otro idioma y alcanzar un mejor nivel de vida, obteniendo residencia permanente una vez que contraiga matrimonio ( el mismo se celebró durante la tramitación de la causa ). Asume el compromiso de propiciar un adecuado y fluido contacto paterno-filial por los medios electrónicos existentes, como así también ofrece traer a la niña una vez por año a Argentina durante nuestras vacaciones de verano, haciéndose cargo de los costos o bien solventar los costos de pasajes para que el padre viaje a visitarla a Estados Unidos, una vez por año.

Argentina retenida en Egipto denunció que por ley de ese país es "propiedad" de su marido

Carolina Pavón dijo que hace 9 meses que no ve a sus hijas aquienes "le lavaron la cabeza".
Carolina Pavón, la mujer que no puede salir de Egipto, afirmó hoy que por la legislación de ese país es "propiedad" de su marido, y contó que sus dos hijas no quieren volver a la Argentina porque "para ellas es un infierno pagano, de cristianos, donde la gente toma alcohol y come cerdo".
Pavón, que no puede abandonar el país africano ni ver a sus dos hijas, de 7 y 11 años, contó que conoció a su esposo, Mahmoud Mohamed Ahmed Tarfa, en 2003, mientras estaba de vacaciones en Egipto y un año después se casaron en la ciudad de Alejandría.
La mujer contó que solo el primer año tuvieron "una relación normal", pero tras la llegada de su primera hija y su decisión de llevar a vivir con ellos a Egipto a su abuela, que fue la persona que la crió, "comenzaron las agresiones de todo tipo" que "nunca se terminaron".
"Mis hijas veían el maltrato y llegaron a decirme: 'mami, soñé que te cortabas las venas'", reveló Pavón, quien sostuvo que las menores "sufrían maltrato psicológico" por parte de su marido.
Frente a esta situación, contó que decidió hacer "abandono de hogar" porque "no daba más", con la intención de llevarse a sus dos hijas a la Argentina o de irse sola, pero poder regresar a Egipto cuando quisiera visitar a las dos nenas.

“Buenas intenciones” no bastaron para mantener la guarda

La Cámara confirmó el estado de adoptabilidad de dos menores. En su fallo, estimó que el argumento del abogado de la mujer, relativo al “cambio de paradigma” y a que actualmente “no es necesario ser un buen padre sino que basta con un padre”, era falaz
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la sentencia que declaró el estado de adoptabilidad de dos niños, a raíz del estado de abandono en que se encontraban. La denuncia había sido presentada por el abuelo materno de ellos, en contra de su propia hija.
La alzada enfatizó que en casos como el llevado a su conocimiento no se trata de evaluar a la progenitora en función del “modelo abstracto o ideal de una buena madre de familia” sino, como el supuesto puntual, de advertir de que sus continuas, recurrentes e inexplicadas ausencias y sorprendente falta de interés por el estado de salud de los menores colocaron a éstos en situaciones de vulnerabilidad y desprotección.
“Más allá de la realidad de los pequeños en el establecimiento donde continúan alojados, el comportamiento de su madre no ha sufrido variaciones con relación al anterior, en el cual se vislumbraba cierta actitud de lejanía: las visitas a sus hijos no fueron regulares ni reflejaron una deseable continuidad y los compromisos que asumió para con ellos tampoco fueron cumplidos, todo lo cual repercutió desfavorablemente en el ánimo de los niños”, enfatizó.
Además, subrayó que la recurrente no sólo no compareció a la audiencia fijada para resolver su planteo ni brindó explicación alguna sobre tal inasistencia sino que desaprovechó una “inmejorable oportunidad” para ampliar personalmente su punto de vista sobre la cuestión y responder preguntas sobre su vida actual y el proyecto de vida con los pequeños.

Salta quiere su régimen de responsabilidad penal juvenil

La Corte de Salta envió una iniciativa legislativa para impulsar un nuevo régimen de responsabilidad penal para niñas, niños y adolescentes. La iniciativa establece que “las facultades acordadas por la ley y por el Código Procesal Penal a la defensa técnica de la niña, niño o adolescentes, podrán ser ejercidas también por sus padres, tutores o guardadores, quienes actuarán autónomamente con patrocinio letrado obligatorio”.
Mediante la Acordada N°12186, la Corte de Justicia de Salta remitió un proyecto de ley denominado “Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes”.
“El actual procedimiento establecido por las normas vigentes resulta insuficiente para hacer eficaz tal protección reconocida a la niña, niño o adolescente en conflicto con la ley, sin perjuicio de lo cual el nuevo Código Procesal penal (Ley 7690 y modificatorias) prevé diversos institutos a ser aplicados a las niñas, niños y adolescentes, lo que plantea la necesidad de coordinar su régimen procesal penal con los diferentes postulados normativos que rigen la materia penal juvenil”, explicaron los ministros.
En este sentido, los jueces propusieron “la implementación del sistema de división del debate como vía procesal para disociar la declaración de culpabilidad y la imposición de la pena, la que quedará sujeta a la discrecionalidad del juez y al cumplimiento de los requisitos que éste imponga”.
Dicho proyecto establece que “el procedimiento se aplicará a las causas por delitos cometidos exclusivamente o con la participación de niñas, niños o adolescentes que, a la fecha de la comisión del hecho, no hubiesen cumplido los 18 años”, y rigen operativamente “todas las garantías y derechos consagrados en la Constitución Nacional, los tratados internacionales incorporados a su artículo 75, inciso 22, la Constitución Provincial y la Ley 7039”.

Condena de 37 años de prisión a Martínez Poch por abuso sexual de su ex pareja y de sus hijas

SENTENCIA
TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nro 1
LA PLATA, BUENOS AIRES
31 de Agosto de 2016
Id SAIJ: NV15284

SINTESIS

Condena a Jorge Martínez Poch al máximo de pena posible en orden al delito de abuso sexual gravemente ultrajante y privación ilegítima de la libertad de su ex pareja y por la corrupción de menores y el abuso sexual gravemente ultrajante de sus dos hijas. El tribunal entiende que el imputado pudo comprender la criminalidad del acto y dirigir sus acciones en consecuencia, pudiéndose inferir que sabía lo que hacía, dominando la situación, es decir que sus actos estaban planificados, comprendía en su totalidad el daño que causaba, y adelantándose a sus posibles consecuencias, intentaba camuflarlos.

Nuevos montos de Asignaciones Familiares y Universales

Resolución 299/16
Administración Nacional de Seguridad Social
Emitida el 31 de Agosto de 2016
Boletín oficial, 5 de Septiembre de 2016
Id SAIJ: NV15306

SINTESIS

Rangos y montos de las Asignaciones Familiares y Universales contempladas en la Ley 24.714, a partir de septiembre de 2016, para trabajadores en relación de dependencia registrados, titulares de la ley de Riesgos del Trabajo, de la Prestación por Desempleo, del Sistema Integrado Previsional Argentino, para Protección Social y Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
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Deber de informar a las personas con discapacidad sus derechos al momento de la entrega del certificado

Ley 27.269
Sancionada el 10 de Agosto de 2016
Boletín oficial, 31 de Agosto de 2016
Id SAIJ: NV15272

SINTESIS

El Estado nacional tendrá a su cargo la elaboración de una cartilla de derechos para personas con discapacidad, donde se deberá informar sus derechos fundamentales conforme la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las leyes específicas vigentes en la materia y los mecanismos para exigir su cumplimiento.

Aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Proyecto Legislativo
8 de Agosto de 2016
Id SAIJ: NV15289

SINTESIS

Proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo Nacional para la aprobación de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, suscripta en la Ciudad de Washington D.C. -EEUU- con el objeto de promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores.
icono pdfpe113-16pl.pdf

Presencia del menor de edad no impide juicio de desalojo

a falta de intervención oportuna de la auxiliar de la Justicia, al haberse constatado que un niño habitaba la propiedad, no fue considerado suficiente para dejar sin efecto el lanzamiento pues no hubo derechos afectados
Al advertir que, si bien surgió de la constatación del oficial de Justicia la presencia de un menor en un inmueble del cual se solicitó el desalojo, también en dicho acto claramente se expuso que su madre fue quien asumió la condición de accionada y responsable de las personas a su cargo, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 9ª Nominación de Córdoba rechazó la nulidad del juicio de desalojo solicitado por la asesora letrada, quien representaba en forma promiscua a un menor.
La asesora letrada de 6ª Turno, en función de la falta de integración de la representación del menor, planteó la nulidad de las actuaciones, a lo que se opone el accionante, por entender que aquél no revistió la concreta condición de demandado en el presente.
El tribunal integrado por María Mónica Puga de Juncos, Verónica Martínez de Petrazzini y Jorge Eduardo Arrambide señaló que “la presencia de un menor surge del acta de constatación del Oficial de Justicia”, considerando que “el déficit apuntado en la integración de la representación de un menor, involucra una nulidad relativa, enderezada a la defensa de los intereses de aquel”, remarcando que “la causa en que esta invalidez se reclama persigue el desalojo de un inmueble, y la normativa procesal que rige el trámite prevé que la sentencia se hará efectiva contra todos los que lo ocupen”, concluyendo que “es ésta la extensión que persigue acordar el accionante a la identificación de los que serán alcanzados por la decisión”.
Grupo

El Defensor Provincial patrocinará la querella de la madre de la adolescente violada presuntamente por policías

La mamá de la adolescente de 14 años que fue abusada el martes pasado se presentó ante el Ministerio Público de la Defensa disconforme con la marcha de la investigación. Insistió con la participación de un patrullero y de uniformados en el hecho. Un hombre de 40 años fue detenido en Soldini vinculado al hecho
Gisela B., madre de A. B realizó este viernes una presentación ante el Ministerio Público de la Defensa a los fines de constituirse como querellante en la causa que investiga el abuso sexual y la violación de la adolescente. La joven de 14 años de edad, fue víctima de abuso sexual y violación a manos de quienes serían miembros de una fuerza de seguridad. El pedido será interpuesto formalmente este lunes ante el Ministerio Público de la Acusación con el patrocinio letrado del Defensor Provincial, Dr. Gabriel Ganón.
El escrito de presentación señala que el día martes 16, A.B. salió de la escuela “Sabín” de Barrio Acindar, alrededor de las 18 horas como es habitual, en dirección a su domicilio, donde vive con sus abuelos. En ese momento, un automóvil marca Fiat Duna color plateado o gris con vidrios polarizados la detuvo y uno de sus ocupantes le dijo que la detención es producto de un operativo policial, ya que en su mochila llevaba droga para hacer una “entrega”.
Luego de eso, un patrullero pasó por la mano contraria de la avenida, momento en el que los ocupantes del automóvil Duna le hacen seña para que se detenga. El patrullero se detuvo y de él descendió un policía uniformado que cumplió con la orden de los ocupantes del Duna y le revisó la mochila que llevaba consigo, mientras le preguntaban a A. si tenía “la droga”.
Momentos después, el móvil policial se retiró y A. continuó la marcha hacia su hogar, hasta que en la intersección de Dr. Riva y Avellaneda el Fiat Duna que vio antes, se detuvo nuevamente junto a ella, y uno de los ocupantes la tomó del cabello y de su mochila, metiéndola por la fuerza al auto y, sentándola en el asiento del acompañante. Entonces pudo observar claramente que dentro de este vehículo se encontraban dos hombres.

Determinan el pago de cuotas suplementarias a favor de la madre y del hijo con capacidades diferentes

SENTENCIA
CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL
SALTA, SALTA
21 de Julio de 2016
Id SAIJ: NV15173

SINTESIS

En el marco de una acción de alimentos, hace lugar a la demanda de alimentos a favor de la esposa, condenando al alimentante a abonarle 10% de los haberes que por todo concepto percibe, a la vez que fija una cuota de alimentos suplementaria a favor del hijo y otra a favor de la madre, las que deberán abonarse en 40 mensualidades juntamente con las cuotas de alimentos. Considera que si bien en situaciones similares a la de autos se entendió que la edad del cónyuge que solicita alimentos autoriza presumir que está en condiciones de satisfacer sus necesidades procurándose un empleo, no es éste el caso por la integral asistencia que debe brindarle la madre a su hijo con capacidades diferentes, máxime cuando no se ha acreditado que realice múltiples actividades que le generen importantes ingresos, como expusiera el demandado.

Jornada de trabajo: Cuarta Jornada de la Dirección de Niñez y Adolescencia de Ituzaingo

Por 4º año Consecutivo la Dirección de Niñez y Adolescencia de Ituzaingó tiene el agrado de invitarlos a participar de la 4ta Jornada de la Dinai, este año el eje central será “La Primera Infancia”, la misma se desarrollara el día Viernes 18 de Noviembre en el Predio La Torcaza sito en Av. Brandsen y Pringles.

Para Inscripción enviar:
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Al Correo Electrónico “ jornadadinai@hotmail.com “

domingo, 21 de agosto de 2016

Una mujer perdió la guarda de su hijo por obstruir el contacto con el padre

Entre otras consideraciones, la alzada estimó que la madre entendía que el niño era una suerte de “propiedad exclusiva” y no una persona con necesidades propias. Sin previo aviso, la mujer se mudó 13 veces, lo cual atentó contra el vínculo
La Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el fallo que le otorgó la guarda provisoria de un menor al padre, debido al comportamiento obstructivo de la madre en su relación. Además, justificó que la mujer sea sancionada con una multa por su inconducta.
“En función de las prescripciones contenidas en los artículos 3, 9 y 19 de la Convención de los Derechos del Niño, y con motivo en la falta total de colaboración y predisposición de la madre para permitir ejercer el derecho del menor a mantener una natural relación con su padre corresponde confirmar la decisión de otorgar, en carácter de medida cautelar, el cuidado personal provisorio del menor a su padre; por iguales motivos, corresponde confirmar la multa por cada inasistencia injustificada a la terapia de revinculación”, preciso la Alzada.
En ese sentido, enfatizó que la actitud reticente de la recurrente para que el menor mantuviera una natural comunicación con su padre no debía ser tolerada por la jurisdicción, ya que en el caso no se verificó ninguna causa grave que permitiera postergar el derecho de rango constitucional del niño de mantener un adecuado contacto con el progenitor no conviviente.
La Cámara recordó que la comunicación entre el padre excluido del cuidado personal y su hijo tiene los caracteres de inalienable e irrenunciable, ya que tiende a la subsistencia de un lazo familiar y afectivo de particular importancia en la formación del infante. “Por ello, su limitación sólo debe disponerse cuando se verifique la concurrencia de causas que pongan en peligro la seguridad o la salud del niño o adolescente”, puntualizó.
Al respaldar el punto de vista del a quo, subrayó que el vínculo de los padres con sus hijos menores de edad después de la separación o divorcio tiene una gran trascendencia y que, por ello, es esencial implementar un adecuado sistema de protección que les garantice las condiciones necesarias para su desarrollo, como así para alcanzar un trato amplio y fluido con ambos padres, no obstante la falta de vida en común.
“La implementación de los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño en la interacción familiar requiere el pleno reconocimiento de éste como individuo autónomo. Independientemente de las vicisitudes de las relaciones que sus padres mantengan entre sí, el menor tiene derecho a acceder, a ejercitar y a obtener la ayuda y colaboración necesarias para mantener y preservar el vínculo paterno-filial con cada uno, con los demás parientes y con toda persona que le resulte familiarmente significativa”, plasmó la Alzada.
Paradigma
Además, destacó que aquélla es un instrumento de derechos humanos sobre niños, niñas y adolescentes que los desplaza desde el lugar de objetos de protección y preocupación, al de sujetos de derecho. “Este cambio de paradigma, desde la ‘doctrina de la situación irregular’ a la ‘doctrina de la protección integral’, se concreta mediante la promoción del ‘interés superior del niño’ como principio rector de todas las medidas relativas a los menores”
Así, consignó que en varios artículos hace un reconocimiento explícito del carácter prioritario que tiene la familia para el desarrollo y el bienestar de los niños, proponiendo que el derecho a vivir con su familia se transforme en el eje orientador de decisiones legislativas, judiciales, administrativas y de política pública en general.
Luego de reseñar las vicisitudes de la causa, estimó que -a pesar de los multiples intentos realizados a fin de avanzar en la relación paterno filial- la revinculación no se pudo cumplir satisfactoriamente por la actitud de la progenitora, que no prestó ninguna colaboración para que el niño pudiera restablecer un vinculo de afecto con su padre.
“En reiteradas oportunidades mudó su domicilio, y el menor se vio obligado a cambiar permanentemente de colegio, como si fuera un objeto que se pueda trasladar de un lugar a otro, cual cosa mueble, en forma asidua, sin ningún control judicial a pesar que había mandas expresas”, explicó la Cámara.
Discurso
“Pareciera que la madre entiende que el niño es ‘su propiedad exclusiva’ y no una persona con necesidades propias que deben ser respetadas”, razonó, reiterando que, sin previo aviso y sin ponerlo en conocimiento del juez del caso, se mudó 13 veces, lo cual atentó contra el vínculo paterno filial.
Finalmente, el tribunal valoró que en las entrevistas en las cuales el menor fue escuchado los expertos concluyeron que quedó evidenciada una fuerte identificación con el discurso de su progenitora que, según estimaron, parecía, en verdad, el discurso de la madre. “Esto significa que lo que expresa en sus palabras el menor está muy lejos de exhibir una postura autónoma y racional”, estableció.
Fuente: Comercio y Justicia


Fecha: 17/08/2016 - Región: Cdad. Bs. As.

Ordenan a una prepaga a cubrir el tratamiento de nene que sufre trastorno del lenguaje

La Justicia Federal de Rosario hizo lugar a una medida cautelar contra una empresa de medicina prepaga para que afronte todos los gastos que necesita el tratamiento de un nene de cinco años que sólo pronuncia palabras aisladas y se comunica a través de gestos y señas
La Justicia Federal de Rosario hizo lugar a una medida cautelar contra una empresa de medicina prepaga para que cubra el tratamiento que necesita un niño que sufre trastorno del lenguaje. El menor sólo pronuncia palabras aisladas y se comunica a través de gestos y señas.
Según publicó el sitio Tiempo de Justicia, el juez federal Héctor Zucchi ordenó a Swiss Medical cubrir el tratamiento, que comenzó a llevarse a cabo desde febrero de este año en un instituto ubicado en La Rioja, donde hay una profesional que se especializa en el trastorno del pequeño.
Las terapias anteriores realizadas con el menor no habían dado resultado y a partir del tratamiento que comenzó en febrero hubo una "franca mejoría". Teniendo en cuenta "el interés del niño", el juez federal Héctor Zucchi hizo lugar a la medida cautelar y ordenó a Swiss Medical la cobertura del cien por ciento del tratamiento y los viáticos de traslado y estadía en La Rioja durante el tiempo que dure el tratamiento intensivo.
De acuerdo a las declaraciones que formuló al periodista de Radio 2 Hernán Funes el abogado Martín Silvera, uno de los patrocinantes de la familia del niño, explicó que según el fallo no representa un "costo alto" para la obra social y agregó que "no se va a llevar a cabo durante toda la vida" del chico en cuestión.
"No le encontraban la vuelta a lo que le pasaba al menor, algo que fue descubierto en estudios. Ocurre que la profesional número uno es argentina pero está en la ciudad de La Rioja. Lograron conseguir un turno, comenzaron el tratamiento y hubo mejorías notorias. Cuando tuvieron que volver a visitarla, la obra social se negó a cubrir los gastos", finalizó Silvera.
Fuente: Abogados Rosario


Fecha: 11/08/2016 - Región: Santa Fe

Un guardador con una actitud infantil

La Sala I del Tribunal de Casación Penal de La Plata resolvió revocar los sobreseimientos dictados a favor de un hombre acusado incumplir con su rol de guardador de un menor, en el marco de violencia familiar.
En los autos "“m. g. e. s/recurso de casacion interpuesto por particular damnificado”, llega la recurrente a esta instancia agraviándose por la decisión de la Cámara que entendió que respecto a cinco hechos (individualizados con los números II, IV, VI, VII y IX), calificados como lesiones leves, correspondía dictar el sobreseimiento, por no encontrarse instada la acción.
En ese sentido, los magistrados expresaron que "en el sistema de las acciones, la finalidad tuitiva establecida en el art. 72 del CP está dirigida hacia la protección de las víctima, tanto por la lesión provocada al sufrir el delito como por la trascendencia que esa investigación conlleva, es decir, que el principio de la instancia privada es una prerrogativa de ella y nunca puede concebirse como garantía a favor del imputado".
"Si bien lo que se le imputa a m. es el delito de lesiones leves, cuya acción penal por antonomasia depende de la instancia privada, el caso se encuentra comprendido en la excepción que establece el art. 72 del Código Penal, penúltimo párrafo", sostuvieron los jueves. Por lo tanto, "se procederá de oficio cuando el delito fuere cometido contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador (art. 72 CP)".
"El guardador a diferencia del tutor, es más de hecho que de derecho, la ley designa con ese nombre a quien tiene el cuidado y gobierno del niño, más allá de la calidad jurídica o parental que exista entre ellos, y exista en la relación cierta permanencia, es decir, que no sea circunstancial", aclararon.
Los integrantes del Tribunal puntualizaron que "la hipótesis de excepción a la necesidad de impulso de la acción por parte de la víctima o su representante legal, es clara, la misma procede cuando el posible autor o partícipe del delito cometido en perjuicio del niño es uno de los padres, tutor o guardador".
Ante ello, "encontrándose ejerciendo, sin lugar a dudas, m. el rol de guardador del niño al momento del hecho, y siendo prima facie él sindicado como el autor de las lesiones que presentaba L. en su rostro, corresponde al Estado actuar oficiosamente". Por ello, los magistrados resolvieron "hacer lugar al recurso de casación impetrado por el particular damnificado, revocando los sobreseimientos dictados a favor de g. e. m, respecto a los hechos individualizados como II, IV, VII y IX; sin costas en ésta Sede".
Fuente: Diario Judicial


Fecha: 11/08/2016 - Región: Buenos Aires

Rechazan el pedido de una madre que pretendía la anulación de dos exámenes de su hija

Una jueza ratificó que no había motivos para anular las evaluaciones de Geografía e Inglés en las que la alumna fue desaprobada. La adolescente adeuda cuatro materias
La jueza de Conciliación de 5.º Nominación, Victoria Bertosi de Lorenzati, rechazó la acción de amparo planteada por la madre de una alumna de quinto año que pretendía que se declarara la nulidad de los exámenes de Geografía e Inglés (turno de febrero de este año) en los que su hija resultó desaprobada y, como consecuencia de lo cual, no ha podido cursar sexto año. A raíz de la decisión adoptada, para poder egresar del secundario, la adolescente tendrá que aprobar la materia que adeuda de cuarto año (Geografía), las tres que no aprobó de quinto año (Historia, Geografía e Inglés) y todas las asignaturas correspondientes a sexto año.
La causa se inició a raíz de la acción de amparo planteada por la progenitora de la niña contra las resoluciones por las que el colegio privado había rechazado los pedidos de que se tuvieran por nulos los exámenes de Geografía e Inglés; entre otras razones, la demandante esgrimía que la adolescente no había contado con los programas de las asignaturas. Por esa razón, solicitaba que se les tomara nuevamente dichos exámenes, para no afectar arbitrariamente el derecho de aprender de su hija.
En virtud de las constancias de la causa y tras haber analizado la foja curricular de la alumna, la magistrada constató que la niña adeudaba cuatro materias (una, de cuarto año, y tres de quinto) y que la institución educativa le había ofrecido “la modalidad de cursado prevista para los alumnos repitentes del ciclo lectivo 2016”.
La jueza también tuvo en cuenta que el 16 de marzo de este año la Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (Zona de Inspección n.º R 9, M 4) había concluido que es atribución del director del colegio anular una mesa de examen y que, en el caso, el directivo consideró que no había motivos que justificaran tal medida.
En ese sentido, la jueza destacó: “en ninguna nulidad incurrieron las docentes intervinientes en las mesas examinadoras, todo lo contrario: antes de la recepción de ambos exámenes, se verificaron todas las exigencias reglamentarias que prevé la Resolución N.º 116/96 para garantizarle a la alumna la absoluta regularidad de la evaluación. Nada dijo la alumna en el momento del examen de las falencias que ahora denuncia de manera extemporánea”.
Respecto de la supuesta irregularidad que denunciaba la madre de la niña, la jueza esgrimió: “el colegio ofrece los programas al inicio del año lectivo y los dispone en su página web. Si K. recién se preocupó del programa horas antes del examen, se tuvo demasiada confianza o, bien, marcó desinterés sobre sus contenidos. En consecuencia, no se violentó el derecho a ‘aprender’ de K. V. R.”. “Sí se evidenció la falta de apego a las reglas educativas de la institución, la ausencia de responsabilidad de contar, desde el inicio de clases, con el programa de materias”, añadió.
No hubo arbitrariedad
Por otra parte, la magistrada destacó que, si se aceptara la vía del amparo para revisar la disconformidad con los resultados de los exámenes del alumnado de la provincia, “se produciría, sin duda, una megainflación de acciones sumarísimas que implicarían no solo invadir el ámbito educativo provincial, que es privativo del Ministerio de Educación, sino también desplazar a las instituciones escolares de su exclusiva y excluyente incumbencia en el sistema educativo implementado”.
“La supervisión judicial, mediante la figura del amparo, no incluye someter a vigilancia judicial el desempeño de directores, profesores, o maestros de institutos o escuelas, para controlar el acierto o error con que ellos cumplen las funciones que la ley y/o reglamento escolar les encomiendan, sino la de proveer de un remedio contra la arbitrariedad de sus actos, que pueda lesionar los derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional, circunstancia esta que no se configuró en la causa”, concluyó.
Causa: “G. (hoy R.), K. V. c/Colegio Gabriel Taborín – Amparo (Ley 4915). Fecha: 22 de julio de 2016.
Fuente: Justicia Córdoba


Fecha: 10/08/2016 - Región: Córdoba

Ordenan el cese de la cuota alimentaria de un jubilado en favor de su hija de 25 años

SENTENCIA
TRIBUNAL DE FAMILIA
SAN SALVADOR DE JUJUY, JUJUY
24 de Junio de 2016
Id SAIJ: NV15049

SINTESIS

Dispone la cesación de la cuota alimentaria equivalente al 30% de los haberes que percibe el alimentante en su calidad de jubilado del I.P.P.S. a favor de su hija, quien al momento de la acción alcanzó la mayoría de edad. Considera que, pese al intento de la alimentada de obtener el rechazo de la demanda argumentando que continúa cursando la carrera de Profesorado de Historia, la situación familiar se ha modificado no subsistiendo derecho alimentario a su favor, dado que en la actualidad la hija tiene 25 años, motivo por lo cual corresponde hacer cesar la cuota alimentaria consecuencia de una obligación emergente de la responsabilidad parental.

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Excluyen del hogar a un hombre sospechado de contagiar a su hija y a su sobrina una enfermedad de transmisión sexual

SENTENCIA
JUZGADO DE FAMILIA
PASO DE LOS LIBRES, CORRIENTES
3 de Junio de 2016
Id SAIJ: NV15110

SINTESIS

Dispone la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento al progenitor y tío de dos menores internadas a quienes se les detectó la presencia de lesiones compatibles con abuso sexual y una infección de transmisión sexual. El magistrado resalta la necesidad de resolver con urgencia la situación de conflicto en la que se encuentran las niñas, ante la transgresión de derechos fundamentales consagrados en todos los niveles jerárquicos de nuestro sistema jurídico y que conforman el plexo normativo, máxime cuando, conforme los informes técnicos forenses, el sujeto se encuentra infectado por la misma enfermedad de transmisión sexual que padecen las niñas.

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Revocan la desestimación de una denuncia por amenazas efectuadas mediante una red social

SENTENCIA
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL
CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
17 de Mayo de 2016
Id SAIJ: NV14894

SINTESIS

Revoca el fallo desestimado por inexistencia de delito la denuncia efectuada por una persona que había recibido amenazas a través de la red social Twitter. Afirma que la cuenta en la cual el denunciante recibió las amenazas sería de libre acceso, por lo que no puede sostenerse que se trate de expresiones vertidas en un ámbito íntimo sin que exista una interpelación directa al denunciante, máxime cuando del propio texto surge que habría optado por utilizar ese medio para que el mensaje llegara a su destinatario. Además considera que tampoco es posible afirmar que las frases hayan sido consecuencia de la ira u ofuscación propias del marco de una discusión, ya que ello implicaría una relación de inmediatez que no se corrobora en el caso, pues se expresaron por medios escritos y mediando un espacio temporal de quince días respecto del anterior contacto que las habría enfrentado.

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Autorizan el traslado de una niña al exterior junto con su madre para radicarse con su nueva familia

SENTENCIA
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Nro 102
CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
28 de Junio de 2016
Id SAIJ: NV14954

SINTESIS

Autoriza el traslado de una niña a la ciudad de Miami, en los Estados Unidos de Norteamérica, a los efectos de su radicación en dicha localidad junto a su madre y a su nuevo grupo familiar. Señala que, ante la disyuntiva generada por los adultos, deberá privilegiarse la relación con la madre, puesto que en el caso particular la menor ha convivido con ella desde su nacimiento y es quien, por decisión de ambos progenitores, ejerce el cuidado de la niña desde la separación, no resultando conveniente modificar tal aspecto de la convivencia. En tal sentido entiende que la necesidad de la madre de realizarse afectiva y profesionalmente no resulta ajena al "interés familiar" y se vincula estrechamente con el de la niña para quien la mayor realización personal y profesional de la progenitora habrá de redundar en un beneficio tanto en el aspecto espiritual como material. Además refiere que el contacto de la niña con su padre está garantizado por el régimen de comunicación propuesto por la actora, quien se comprometió a afrontar el costo total del viaje de la menor a nuestro país por el plazo de un mes una vez al año o del viaje del padre a ver a su hija.

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Una obra social deberá cubrir la cirugía cardíaca que un niño de tres años debe realizarse en los Estados Unidos

SENTENCIA
JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL Nro 6
CAPITAL FEDERAL, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
4 de Julio de 2016
Id SAIJ: NV14963

SINTESIS

Ordena a una obra social arbitrar los medios para garantizar la cobertura integral del cateterismo cardíaco y la cirugía posterior que un niño de tres años de edad -que sufre una cardiopatía congénita compleja- debe realizarse de manera urgente en un hospital de la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Afirma que debe hacerse lugar a la cautela solicitada, ponderando que el derecho a la vida –que incluye la salud- es el primer derecho de la persona garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales y, en el caso de un niño, específicamente garantizados en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. VII), la Declaración de los Derechos Humanos (art. 25, inc. 2°), el Pacto de San José de Costa Rica (arts. 4°, inc. 1° y 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 24, inc. 1°), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10, inc. 3°) y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 23, incs. 1° y 2°), de modo que no puede ser menoscabado sobre la base de la interpretación de normas legales o reglamentarias que tengan por resultado negar los servicios asistenciales que requiere el menor para su rehabilitación.

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Hacen lugar a demanda de adolescente en reclamo de filiación paterna

El Juzgado Civil, Comercial, Familia, Menores y Contencioso Administrativo N° 1 de Curuzú Cuatiá hizo lugar a la demanda promovida por una adolescente quien planteó la impugnación de la paternidad presumida por la ley e interpuso en paralelo un reclamo de filiación paterna.
La doctora Teresa Oria de Gauna, a cargo del Juzgado Civil, Comercial, Familia, Menores y Contencioso Administrativo N° 1 de Curuzú Cuatiá hizo lugar a la demanda promovida por una adolescente quien planteó la impugnación de la paternidad presumida por la ley contra su padre, e interpuso en forma conjunta un reclamo de filiación paterna contra otra persona en su carácter de progenitor biológico.
La demanda se realizó con la representación de la Asesoría de Menores, doctora María del Carmen Trombotto Jramoy, en el marco del “principio de la capacidad o autonomía progresiva de los adolescentes para el ejercicio de los derechos de conformidad con la evolución de sus facultades”.
Ambas acciones –independientes entre si- se efectuaron de modo conjunto ante la necesidad imperiosa de la adolescente de establecer su realidad biológica.
La joven relató que ante la duda sobre la paternidad de quien en la documentación figuraba como su padre se realizó una prueba biológica de ADN, cuyo resultado fue que éste no era su padre biológico.
Tras el divorcio vincular, la joven quedó a cargo de su madre, tomó conocimiento de quien era su padre y en forma posterior comenzó a vivir con ambos.
En septiembre del año 2015 la adolescente concurrió a la Asesoría de Menores e Incapaces solicitando asesoramiento para aclarar jurídicamente el tema de su realidad biológica, manifestando su voluntad de lograr que se reconociera su situación.
En la audiencia, fue la misma joven la que manifestó que debía promover la causa, “porque sintió que era lo correcto”.
“El principio de la verdad biológica preside el derecho argentino; la insistencia en lograr la mayor concordancia posible entre la realidad biológica y el estado de familia de una persona es, sin dudas, una de las más importantes tendencias del derecho de familia actual, y es deber de los jueces, en casos en que se debaten temas tan sensibles como la identidad de las personas, los derechos de los niños, niñas y adolescentes a ser reconocidos con su verdadera identidad, derechos éstos reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos de raigambre constitucional, dar trámite preferente a los procesos, especialmente como en el presente caso, en que todos los actores que han intervenido en ésta historia coinciden en el reconocimiento de los derechos de la joven”, sostuvo la jueza en el fallo.
“En consecuencia, teniendo en cuenta -insisto- el grado de madurez suficiente comprobada de la adolescente, quien decidió promover las acciones legales necesarias porque entendía que era lo correcto, y su firme decisión de llevar el apellido materno, se hará lugar a lo peticionado y a la decisión de la adolescente en cuanto a su deseo de llevar el apellido materno” aseguró la doctora Oria..
Fuente: Poder Judicial Corrientes


Fecha: 02/08/2016 - Región: Corrientes

Resulta procedente la acción de tutela instada por la abuela respecto de sus nietos

SENTENCIA
CAMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL, COMERCIAL Y MINERIA
VIEDMA, RÍO NEGRO
17 de Mayo de 2016
Id SAIJ: NV15048

TEXTO

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SINTESIS

Hace lugar al recurso de apelación contra la providencia que deniega dar trámite a la acción intentada por la abuela con la finalidad de obtener la tutela de sus nietos hasta tanto se encuentre firme la resolución que dispuso la condena de su padre, quien se encuentra privado de la libertad por el homicidio de la madre de los menores. Considera que la providencia denegatoria deviene prematura y precipitada, dado que no se vislumbra obstáculo alguno ni procesal ni sustancial que impida continuar con la tramitación de las presentes actuaciones, hasta tanto se encuentre en estado de dictar sentencia, pues el ejercicio de responsabilidad parental en la práctica no se da y los niños, desde el lamentable episodio ocurrido en su entorno familiar, vienen creciendo y desarrollando su personalidad bajo la custodia, el amparo, guía y resguardo de su abuela, quien se ocupa de su crianza, educación, contención emocional, salud, etc.

Adiós al apellido de origen

La Cámara de Apelaciones de Neuquén revocó parcialmente una sentencia de grado que ordenó mantener en segundo lugar el apellido de origen de la adoptada, para llevar únicamente el del adoptante fijado. Para los vocales, "no se puede desconocer que la adoptada ha alcanzado los 18 años de la vida identificándose su apellido de origen y su vínculo fraternal vigente".
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y Minería de Neuquén revocó parcialmente la sentencia dictada, en cuanto a la adición del apellido de origen, debiendo llevar únicamente el del adoptante fijado.
En los autos “P. M. D. L. A. S/ Adopción Plena”, los adoptantes interpusieron un recurso de apelación contra la sentencia que ordenó mantener en segundo lugar el apellido de origen de la adoptada al manifestar que “la joven ha solicitado tener solo el apellido del adoptante P., que en la entrevista con la psicóloga y la defensora del niño se entendió que por su edad no podía usar sólo el mencionado, lo que produjo confusión”.
Sobre este punto, los actores afirmaron que “el ordenamiento jurídico en este caso viene a consolidar un estado de hijo que la adoptada ocupó en la familia por 19 años donde por distintas situaciones se demoró la solicitud de adopción plena”.
En primera instancia, el juez al decidir sobre la conservación del apellido de origen consideró que "manteniendo el apellido se respeta su historia vital", por lo que concluyó como "pertinente adicionar el apellido de origen, a fin de conservar el atributo de su personalidad y derecho a la identidad”.
Tras analizar el caso, el tribunal explicó que “tratándose de un proceso de adopción plena, respecto al apellido del hijo adoptado el art. 626 del CCyC establece en su primer inciso (a) la regla por la que lleva el del adoptante; a continuación, y ‘excepcionalmente’, le atribuye al juez la facultad de agregar o anteponer el de origen, siempre que esté fundado en el derecho a la identidad del adoptado y a petición de parte interesada (inc. b)”.

sábado, 30 de julio de 2016

Cuota alimentaria menor a un padre que paga la universidad de otro hijo

La alzada reseñó que la paridad de ambos progenitores respecto a la manutención está sujeta a elementos objetivos, como lo es la condición y fortuna de cada uno, indicando que -como ambos son docentes- no advertía ninguna diferencia notoria en el régimen de ingresos
La Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Reconquista hizo parcialmente al recurso presentado por G.O. y redujo la cuota alimentaria que le paga a uno de sus hijos de 25 a 20 por ciento de sus haberes, ya que el a quo omitió considerar que el beneficiario tienen un medio hermano mayor, en edad edad universitaria, a quien el padre todavía mantiene.
Sin dejar de ponderar el valor de las tareas de cuidado desarrolladas por la madre reclamante, quien convive con su hijo adolescente, la Alzada razonó que el importe que fijó el juez de la instancia anterior era excesivo.
Así, bajó el monto hasta septiembre del próximo año, inclusive, cuando se supone que el hijo mayor del demandado, que cumplirá 25 años, finalizará sus estudios y, por otra parte, por alcanzar esa edad, se extingue de pleno derecho la obligación alimentaria de su padre en su favor.
Incidente
Al abordar el incidente de fijación de cuota alimentaria, el tribunal destacó que, como es habitual en este tipo de temática, las necesidades son muchas y los recursos escasos, razonando que corresponde en cada caso concreto merituar todas las circunstancias convergentes sobre la situación económica de alimentantes y alimentados, con el fin de establecer un esquema de aportes equitativo, de paridad entre ambos progenitores y anclado en la realidad.
Bajo esa premisa, reseñó que el alimentante tiene dos hijos; que el hijo reclamante es un adolescente próximo a cumplir 15 años, que cursa la escuela secundaria; que convive con su madre -quien es docente- mientras que el otro está cursando estudios universitarios y convive con el alimentante, desconociéndose si su madre cuenta con recursos propios para aportar a su manutención.
Además, la Alzada tomó en cuenta la circunstancia de que la madre solicitante cuenta con recursos propios, fruto de su trabajo, algo que -según resaltó- debe ser valorado. “La paridad de ambos progenitores respecto a la manutención de los hijos está sujeta o condicionada a elementos objetivos como lo es la condición y fortuna de cada uno de ellos”, precisó.
Equilibrio
En esa línea, indicó que en el caso ambos padres son empleados del Estado (docentes) y que no se advertía ninguna diferencia notoria en el régimen de ingresos que obste a que haya un equilibrio de los aportes, más allá de que en la actualidad, por expresa imposición legal, debe valorarse económicamente como parte de la manutención las tareas de cuidado personal del hijo asumidas por el progenitor conviviente.
Finalmente, el tribunal consignó que la propuesta escalonada de porcentaje de cuota alimentaria resuelta en el proceso obedece al principio de máximo rendimiento del proceso civil, el cual impone extremar los réditos de la instancia abierta a los fines de tutelar efectivamente los intereses de las partes.
Fuente: Comercio y Justicia


Fecha: 29/07/2016 - Región: Santa Fe

Club indemniza la muerte de un niño en su natatorio

La institución fue condenada por falta de seguridad en las instalaciones. El lugar se encontraba sin vigilancia, sin cerco perimetral y las aguas se encontraban sin mantenimiento.
Un club de la ciudad de Leones (Córdoba) deberá indemnizar con 454.712,89 pesos (más intereses) a los padres de un niño de seis años que se ahogó en una de las piletas del establecimiento (la más grande), hecho ocurrido el 20 de marzo de 2005, cuando el natatorio no contaba con las debidas medidas de seguridad. La decisión fue adoptada por el juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y de Familia de 2ª Nominación de Marcos Juárez, Edgar Amigó Aliaga.
El magistrado hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por los progenitores del niño al considerar que, en materia de responsabilidad, correspondía atribuir el hecho ocurrido en 80% al Club Atlético, Aeronáutico, Biblioteca y Mutual Sarmiento, de Leones, dada la violación al deber de seguridad de las instalaciones, que tenía a su cargo. Mientras tanto, el 20% restante fue asignado a los progenitores por haber omitido el deber de vigilancia del niño.
El hecho sucedió cuando éste, junto a unos amigos y sin contar con la autorización de sus padres, ingresó al establecimiento. El niño, mientras jugaba, cayó a la pileta, que no contaba con cerco perimetral y las aguas se encontraban sin mantenimiento. Si bien luego fue sacado de ella por los bomberos y trasladado al Hospital Municipal San Roque, los primeros auxilios no dieron resultado y falleció.
El juez esgrimió que la pileta “se había convertido en peligrosa y potencialmente dañina”, porque “tenía agua estancada y en mal estado, no contaba con cerco perimetral y, en ausencia de éste, no existía -al menos en el momento del hecho- personal encargado que vigilara que una persona cualquiera pudiera caer en ella”. Asimismo, agregó que agravaba la situación que se tratara de un club en el que “es común la afluencia de personas” y que “se encuentra emplazado en un lugar residencial, rodeado de viviendas, y cuyo alambrado perimetral se encontraba roto”.
Peligrosidad
El magistrado también resaltó que “la piscina adquiere mayor peligrosidad” en épocas no estivales, habida cuenta de “la ausencia de otras personas que puedan advertir, con la requerida rapidez, la presencia de un individuo y su caída en la pileta, de modo tal que sea posible auxiliarla -o al menos intentarlo- en tiempo oportuno”.
Como se encontraba en vigencia el viejo Código Civil, el juez concluyó que al club le cabía la responsabilidad objetiva del “guardián de la cosa potencialmente peligrosa” porque no había adoptado las debidas medidas de seguridad. Y consideró que la institución tampoco logró probar -para eximirse de responsabilidad total- la culpa de la víctima, de un tercero por quien no debe responder o la existencia de un caso fortuito.
El juez insistió en que “la entrada al club era irrestricta al tiempo del suceso dañoso, como así también que la pileta no contaba con cerramiento ni estaba tapada a pesar de encontrarse en desuso, y -además- contenía agua estancada y con hongos”. También entendió: “el deber de seguridad de la institución demandada era mayor desde que la previsibilidad del riesgo es un deber ínsito que deriva y le es impuesto por su propia actividad (art. 512, Código Civil) que involucra, en tanto ámbito de recreación social, la continua afluencia de personas -entre la que es esperable la presencia de niños o de adultos que no sepan nadar-, y por ello, le es exigible la implementación de medidas de seguridad para evitar que ocurran sucesos desafortunados como el acontecido en autos. Tanto es así que la entidad adoptó estas medidas luego de ocurrido el hecho”.
Finalmente, el magistrado también tuvo en miras que la presencia del niño en la pileta obedeció “a la omisión, por parte de los padres, del deber de vigilancia y custodia en consideración a su corta edad”. Por ello, determinó que la responsabilidad del club debía reducirse a 80%.
En consecuencia, éste deberá indemnizar a la madre con 220.064,85 (140.064,85, en concepto de pérdida de chance por frustración de ayuda futura, y 80.000 pesos, por daño moral) y al padre con 234.648,04 pesos (154.648,04, por pérdida de chance por frustración de ayuda futura, y 80.000 pesos, por daño moral).
Autos: “VACA, Javier Ernesto y otro c/ CLUB ATLÉTICO, AERONÁUTICO, BIBLIOTECA, MUTUAL SARMIENTO DE LEONES -Ordinario” (Expte. N° 1307670).
Fuente: Comercio y Justicia


Fecha: 29/07/2016 - Región: Córdoba

Pareja anotó como propio al bebé que gestó una amiga con un óvulo donado

El padre biológico aportó el esperma. Luego, una allegada al matrimonio de hombres llevó adelante el embarazo. El tribunal rosarino admitió la demanda de impugnación de maternidad que se planteó y emplazó al marido del progenitor como papá del pequeño en el acta de nacimiento
“Debe admitirse la existencia de una disociación entre la maternidad genética, que en el caso fue anónima, la maternidad gestacional y la voluntad procreacional, donde uno de los integrantes del matrimonio que propicia la modificación de la partida de nacimiento, además, aportó su esperma, originada por el acceso a técnicas de reproducción humana asistida, y permitir la construcción de un vínculo parental conforme ese anhelo”.
Bajo esa premisa, el Tribunal Colegiado de Familia de Rosario declaró el emplazamiento de un niño como hijo de un matrimonio de varones, quienes tuvieron la intención y el interés procreacional.
El pequeño nació luego de que un óvulo de una donante anónima fuera inseminado con el material genético que aportó uno de ellos y el embrión fue gestado por una amiga de la pareja.
En el fallo se les impuso a los papás “procreacionales” la obligación de hacerle saber a su hijo, mediante ayuda psicológica pertinente, la manera en que fue concebido y gestado.
El tribunal admitió la demanda de impugnación de la maternidad y, por lo tanto, declararó el emplazamiento del niño como hijo de quienes tuvieron la intención y el interés de que naciera.
Tomando en cuenta la conformidad expresa de todos los involucrados, la legitimación activa de quienes accionaron, el asentimiento del marido de la mujer gestante y de la defensora General que representa complementariamente al niño y el estudio de ADN, cuyo resultado excluyó la maternidad consignada en el acta de nacimiento, la impugnación prosperó, ya que quien dio a luz al bebé no es la progenitora biológica.
De esa manera, se emplazó como progenitor, además del consignado en el acta de nacimiento del niño, al otro integrante del matrimonio unisexual, al ser la solución que responde a la protección del Interés Superior del Niño habido de tal modalidad de gestación.
El sentenciante recordó que el nuevo ordenamiento legal incorporó un tercer tipo de filiación: por reproducción humana asistida, conducida por el principio de la voluntad procreacional.
A su vez, plasmó que la ley 26994 dispuso en su artículo 9 (cláusula tercera) que los nacidos por técnicas de reproducción humana asistida antes de la entrada en vigencia del Código Civil reformado, son hijos de quien dio a luz y del hombre o la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre a la realización del procedimiento que dio origen al nacido, debiéndose completar el acta respectiva, por ante el Registro Civil y Capacidad de las Personas, cuando allí sólo constara el vínculo filial con quien dio a luz y siempre con el consentimiento de la otra madre o del padre que no figura en ese documento.
“El nuevo ordenamiento legal sistematiza específicamente la filiación por técnicas de reproducción humana asistida, en donde la voluntad procreacional es el elemento central y fundante para la determinación de aquélla”, subrayó el tribunal.
En ese sentido, precisó que cuando se ha producido un nacimiento luego de la aplicación de la citada tecnología, hay total independencia de si el material genético pertenece a las personas que, efectivamente, tienen la voluntad de ser padres o madres.
“El dato genético no es el definitivo para la creación de vínculo jurídico entre una persona y el niño nacido mediante el uso de las técnicas en análisis, sino quién o quiénes han prestado el consentimiento al sometimiento a ellas”, acotó.
El tribunal resaltó que la voluntad procreacional debe ser puesta de manifiesto mediante consentimiento previo, informado, libre y formal de todas las personas que pretendan ser padres o madres mediante las prácticas médicas, y que todos deben concretar una declaración de voluntad en ese sentido de manera clara y precisa, la cual una vez otorgada es irrevocable.
“La identidad de origen y la gestacional no tienen por qué desplazar en importancia a la identidad que confiere el curso de la vida, en la faz dinámica que revela su configuración compleja y que estará a cargo de quienes tuvieron la intención y el interés procreacional”, enfatizó el tribunal.
Finalmente, plasmó que no se trata de manifestaciones excluyentes sino que son complementarias. “No es posible receptar una multiplicidad filiatoria porque expresamente el Código Civil rechaza la contingencia que una persona pueda tener más de dos vínculos filiales”, aclaró.
Fuente: Comercio y Justicia



Fecha: 27/07/2016 - Región: Santa Fe