La legislatura rionegrina sancionó una nueva normativa para los deudores alimentarios: no podrán abrir cuentas bancarias, tampoco podrán recibir habilitaciones comerciales ni sacar o renovar el carnet de conductor.
A pesar de las órdenes judiciales que pesan sobre los deudores alimentarios, muchas veces no existen suficientes herramientas para poder solucionar la situación. Por eso, a través de su legislatura, Río Negro incorporó nuevos elementos para poder subsanar los casos en los que los padres de un menor no se hacen cargo de las cuotas de alimentos.
No podrán mantener la licencia de conducir, no podrán conseguir habilitaciones comerciales y no podrán abrir cuentas bancarias. Estas son algunas de las medidas que los legisladores rionegrinos consideraron que había que tomar para poder solucionar las situaciones suscitadas a raíz de las deudas por alimentos.
En ese orden, la legislación estipula que los deudores de cuotas alimentarias no podrán “obtener habilitaciones, concesiones, licencias, permisos ni celebrar contrato alguno con el Estado Provincial”.
A su vez no podrán participar de concursos por cargos públicos ni podrán ser designados como funcionarios con jerarquía.
Entre las cuestiones relativas al carnet de conducir, se precisó que los alcances de la Ley se verán limitados frente al pedido de permisos para trabajar. En esos casos se otorga una licencia que expira a los 45 días. En ese orden el Registro Civil y Capacidad de las Personas de Río Negro se está encargando de la firma de convenios con los municipios provinciales para poder lograr la aplicación de la normativa.
Una de las trabas fundamentales puesta contra los deudores es la relativa a la posibilidad de realizar operaciones con entidades financieras. Es que quienes adeuden cuotas alimentarias no podrán abrir cuentas, corrientes, cajas de ahorro, adquirir tarjetas de crédito o realizar operaciones comerciales con los bancos.
En este sentido, el órgano competente deberá, como en el caso del Registro Civil y los municipios, realizar la gestión de convenios con bancos y entidades financieras para que colaboren a la hora de aplicar la legislación.
Las personas que figuren en el Registro de Deudores Alimentarias no podrán acceder a las viviendas que otorga la Operatoria del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), a la vez que no podrán ceder derechos de estas propiedades (en el caso de poseer una).
A su vez, esta nueva iniciativa de los legisladores limita las proyecciones políticas, por ejemplo, ya que impide a los deudores acceder a cargos electivos en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autárquicos y empresas estatales
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