03/06/2013
LEY PROVINCIAL 14509
VIOLENCIA FAMILIAR. Modifica la Ley 12569.
ARTICULO 1. Modifícanse los artículos 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 18 y 19 de la Ley
12569 y sus modificatorias, los que quedarán redactados de la siguiente manera:
ARTICULO 1. A
los efectos de la aplicación de la presente Ley se entenderá por violencia
familiar, toda acción, omisión, abuso, que afecte la vida, libertad, seguridad
personal, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o
patrimonial, de una persona en el ámbito del grupo familiar, aunque no
configure delito.
ARTICULO 4. Cuando las víctimas fueran menores de edad, incapaces, ancianos o
discapacitados que se encuentren imposibilitadas de accionar por sí mismas,
estarán obligados a hacerlo sus representantes legales, los obligados por
alimentos y/o el Ministerio Público, como así también quienes se desempeñan en
organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia y en general,
quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de
violencia familiar o tengan indicios de que puedan existir.
La denuncia deberá formularse inmediatamente.
En caso de que las personas mencionadas incumplan con la obligación establecida
el Juez/a o Tribunal interviniente deberá citarlos de oficio a la causa que
eventualmente se abra con posterioridad por la misma razón, podrá imponerles
una multa y, en caso de corresponder, remitirá los antecedentes al fuero penal.
De igual modo procederá respecto del
tercero o superior jerárquico que por cualquier medio, obstaculice, impida o
haya impedido la denuncia.
ARTICULO 6. Corresponde a los Juzgados/Tribunales de Familia y a los Juzgados
de Paz, del domicilio de la víctima, la competencia para conocer en las
denuncias a que se refieren los artículos precedentes.
Cuando la denuncia verse sobre hechos que configuren delitos de acción pública
o se encuentren afectados menores de edad, el Juez o Jueza que haya prevenido
lo pondrá en conocimiento del Juez o Jueza competente y del Ministerio Público.
Aún en caso de incompetencia, el/la juez/a interviniente podrá disponer las
medidas preventivas contempladas en la presente Ley, tendientes a hacer cesar
el hecho que diera origen a la presentación.
Se guardará reserva de identidad del denunciante.
ARTICULO 7. El juez o jueza interviniente deberá resolver de oficio o a
petición de parte, teniendo en cuenta el tipo de violencia y con el fin de
evitar su repetición, algunas de las siguientes medidas:
a) Ordenar al presunto agresor el cese de los actos de perturbación o
intimidación contra la o las víctimas.
b) Ordenar la prohibición de
acercamiento de la persona agresora al lugar de residencia, trabajo, estudio,
esparcimiento o lugares de habitual concurrencia de la persona agredida y/o del
progenitor/a o representante legal cuando la víctima fuere menor o incapaz,
fijando a tal efecto un perímetro de exclusión para permanecer o circular por
determinada zona.
c) Ordenar la exclusión de la persona agresora de la residencia donde habita el
grupo familiar, independientemente de la titularidad de la misma.
d) Ordenar a petición de quien ha debido salir del domicilio por razones de
seguridad personal su reintegro al mismo, previa exclusión del presunto
agresor.
e) Ordenar la restitución inmediata de los efectos personales de la parte
peticionante, si ésta se ha visto privada de los mismos por hechos de violencia
familiar, solicitando a tal efecto el auxilio de la fuerza pública a fin de
garantizar la efectiva protección de la persona agredida.
f) Ordenar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la/s
persona/s agredidas/s, en su domicilio.
g) Ordenar la fijación de una cuota
alimentaria y tenencia provisoria si correspondiese, de acuerdo a los
antecedentes obrantes en la causa y según las normas que rigen la materia.
h) Ordenar en caso en que la víctima
fuere menor de edad o incapaz otorgar su guarda provisoria a quien considere
idóneo para tal función, si esta medida fuere necesaria para su seguridad
psicofísica y hasta tanto se efectúe un diagnóstico de la situación. La guarda
se otorgará a integrantes del grupo familiar o de la comunidad de residencia de
la víctima. Deberá tenerse en cuenta la opinión y el derecho a ser oído/a de la
niña/o o adolescente.
i) Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas.
j) Ordenar el inventario de los bienes gananciales de la sociedad conyugal y de
los bienes propios de quien ejerce y de quien padece violencia. En los casos de
parejas convivientes se dispondrá el inventario de los bienes de cada uno.
Asimismo si fuere necesario y por el período que estime conveniente el juez o
jueza interviniente otorgará el uso exclusivo del mobiliario de la casa a la
persona que padece violencia.
k) Prohibir al presunto agresor enajenar, disponer, destruir, ocultar o
trasladar bienes gananciales de la sociedad conyugal o los comunes de la pareja
conviviente.
l) Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas y ordenar el
secuestro de las que estuvieran en su posesión.
m) Proveer las medidas conducentes a fin de brindar a quien padece y a quien
ejerce violencia y grupo familiar, asistencia legal, médica, psicológica a
través de organismos públicos y entidades no gubernamentales con formación
especializada en la prevención y atención de la violencia familiar y asistencia
a la víctima.
n) Toda otra medida urgente que estime
oportuna para asegurar la custodia y protección de la víctima. El juez o jueza
deberá adoptar las medidas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de haber
tomado conocimiento de la situación de violencia.
ARTICULO 8. El Juez o Jueza
interviniente deberá requerir un informe efectuado por profesionales de
diversas disciplinas o equipo transdisciplinario para determinar los daños
físicos y/o psíquicos, económicos o de otro tipo sufridos por la víctima, la
situación del peligro y medio social y ambiental del grupo familiar. La
interesada podrá solicitar otros informes técnicos.
El juez o jueza podrá solicitar, o considerar como presentado en el caso de que
se acompañe a la denuncia, el informe producido por profesionales o
instituciones públicas o privadas idóneas en la materia, que satisfagan los
requisitos del párrafo anterior.
Dicho informe diagnóstico será remitido al juez o jueza requirente en un plazo
de cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda aplicar otras medidas,
interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas en el artículo 7.
ARTICULO 9. El Juez o Jueza interviniente, en caso de considerarlo necesario,
requerirá un informe al lugar de trabajo y/o lugares donde tenga actividad la
parte denunciada, a los efectos de tener un mayor conocimiento de la situación
planteada.
Asimismo deberá solicitar los antecedentes judiciales y/o policiales de la
persona denunciada con la finalidad de conocer su conducta.
ARTICULO 10. Las resoluciones que concedan, rechacen, interrumpan, modifiquen o
dispongan el cese de alguna de las medidas preventivas urgentes o impongan
sanciones, serán apelables dentro del plazo de tres (3) días hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan medidas preventivas urgentes se
concederá en relación y con efecto devolutivo. La apelación contra resoluciones
que dispongan la interrupción o el cese de tales medidas se concederá en
relación y con efecto suspensivo. Las resoluciones que impongan sanciones por
incumplimiento se concederán con efecto devolutivo, salvo en el caso del inciso
d) del artículo 7 que tendrá efecto suspensivo.
ARTICULO 11. El juez o jueza
interviniente citará a las partes y en su caso al Ministerio Público, a
audiencias separadas, bajo pena de nulidad, en días y horas distintas, la que
deberá tomar personalmente bajo pena de nulidad, dentro de las 48 horas de
ordenadas las medidas del artículo 7, o si no se adoptara ninguna de ellas,
desde el momento que tomó conocimiento de la denuncia.
El denunciado por agresión estará obligado a comparecer bajo apercibimiento de
ser llevado ante el juzgado con auxilio de la fuerza pública.
En dichas audiencias, escuchará a las partes y ratificará, modificará u
ordenará las medidas que estime pertinentes.
Si la víctima es menor de 18 años, deberá contemplarse lo estipulado en las
Leyes 13298 y sus modificatorias y 26061 y sus modificatorias respectivamente. Quedan
prohibidas las audiencias de mediación o conciliación.
ARTICULO 12. El Juez o Jueza deberá establecer el término de duración de la
medida conforme a los antecedentes que obren en el expediente, pudiendo
disponer su prórroga cuando perduren situaciones de riesgo que así lo
justifiquen.
ARTICULO 13. El Juez o Jueza deberá comunicar la medida cautelar decretada a
las instituciones y/u organismos públicos o privados a los que se hubiere dado
intervención en el proceso como así también a aquéllos cuyos intereses pudieren
resultar afectados por la naturaleza de los hechos.
ARTICULO 14. Durante el trámite de la causa y por el tiempo que se juzgue
adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de las medidas y decisiones
adoptadas, ya sea a través de la comparecencia de las partes al tribunal, con
la frecuencia que se ordene, y/o mediante la solicitud de informes periódicos
acerca de la situación. Esta obligación cesará cuando se constate que ha cesado
el riesgo, teniendo en cuenta la particularidad del caso.
ARTICULO 18. La Suprema
Corte de Justicia y la Procuración General
llevarán, coordinadamente, registros sociodemográficos de las denuncias
efectuadas sobre hechos de violencia previstos en esta ley, especificando, como
mínimo, edad, estado civil, profesión u ocupación de la persona que padece
violencia, así como del agresor; vínculo con el agresor, naturaleza de los
hechos, medidas adoptadas y sus resultados, así como las sanciones impuestas al
agresor. El acceso a los registros requiere motivos fundados y previa
autorización judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las
partes. La Suprema Corte
de Justicia elaborará anualmente informes estadísticos de acceso público que
permitan conocer, como mínimo, las características de quienes ejercen o padecen
violencia y sus modalidades, vínculo entre las partes, tipo de medidas
adoptadas y sus resultados, y tipo y cantidad de sanciones aplicadas para el
diseño de políticas públicas, investigación, formulación de proyectos y
producción de informe en el marco de los compromisos contraídos con Organismos
de seguimiento y/o monitoreo de Tratados y/o Convenciones y/o otros
instrumentos referidos a la materia.
ARTICULO 19. La Suprema
Corte de Justicia y la Procuración General,
deberán garantizar acciones tendientes a la formación sobre Violencia Familiar,
con perspectiva de género, especialmente a Juzgados de Familia, Juzgados de
Paz, Fiscalías, Defensorías y Asesorías de Incapaces, dictando los reglamentos
e instrucciones que resulten necesarios.
ARTICULO 2. Incorpórase a Ley 12569 y sus modificatorias, los artículos
4 bis, 6 bis, 6 ter, 7 bis, 8 bis, 8 ter, 14 bis y 19 bis.
ARTICULO 4 BIS. Cuando las víctimas
sean mujeres, no comprendidas en el artículo precedente, están obligadas a
informar de la situación a la autoridad administrativa o judicial que
corresponda, aun en aquellos casos en que el hecho no configure delito, las
personas que se desempeñen en servicios asistenciales, sociales, educativos y
de salud, públicos o privados, y que con motivo o en ocasión de sus tareas
tomaren conocimiento de un hecho de violencia contra las mujeres en los términos
de la Ley 26485.
En todos los casos se resguardará a la víctima y observarán las disposiciones
referidas al secreto profesional y al consentimiento informado.
Los receptores de las informaciones mencionadas en el primer párrafo, quedan
obligados a realizar averiguaciones y proceder según corresponda a su
competencia.
En caso de incumplimiento se procederá de la forma prevista en el artículo 4.
Para realizar denuncias judiciales, deberá contarse con la autorización de la
mujer, salvo que se trate de delitos de acción pública.
ARTICULO 6 BIS. Para efectuar la denuncia por violencia familiar contra
mujeres, no se requerirá patrocinio letrado y deberá garantizarse la gratuidad
de las actuaciones judiciales y la posterior asistencia jurídica
preferentemente especializada.
ARTICULO 6 TER. En cualquier instancia del proceso se admitirá la presencia de
un/a acompañante como ayuda protectora de la mujer, siempre que quien padece
violencia lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y
psicológica de la misma. En todas las intervenciones, tanto judiciales como
administrativas, deberán observarse los derechos y garantías mínimas de
procedimiento enumeradas en el artículo 16 de la Ley 26485.
ARTICULO 7 BIS. En caso de incumplimiento de las medidas impuestas por el Juez,
Jueza o Tribunal se dará inmediatamente cuenta a éstos, quienes podrán requerir
el auxilio de la fuerza pública para asegurar su acatamiento, como así también
evaluar la conveniencia de modificar las mismas, pudiendo ampliarlas u ordenar
otras. Frente a un nuevo incumplimiento y sin perjuicio de las
responsabilidades civiles o penales que correspondan, el juez o jueza podrá
aplicar alguna/s de las siguientes sanciones:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto cometido.
b) Comunicación de los hechos de violencia al organismo, institución,
sindicato, asociación profesional o lugar de trabajo del agresor.
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas reflexivos, educativos o
terapéuticos tendientes a la modificación de conductas violentas.
d) Orden de realizar trabajos comunitarios en los lugares y por el tiempo que
se determinen. Cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito,
el juez o jueza deberá poner el hecho en conocimiento del juez o jueza con
competencia en materia penal
ARTICULO 8 BIS. La Jueza o Juez tendrá amplias
facultades para ordenar e impulsar el proceso pudiendo disponer las medidas que
fueren necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero del presunto
agresor, y proteger a quienes corran el riesgo de padecer nuevos actos de
violencia, rigiendo el principio de obtención de la verdad material.
ARTICULO 8 TER. Regirá el principio de amplia libertad probatoria para
acreditar los hechos denunciados, evaluándose las pruebas ofrecidas de acuerdo
con el principio de sana crítica. Se considerarán las presunciones que
contribuyan a la demostración de los hechos, siempre que sean indicios graves,
precisos y concordantes.
ARTICULO 14 BIS. El/la juez/a podrá solicitar o aceptar la colaboración de
organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los
derechos de las mujeres y demás personas amparadas por la presente.
ARTICULO 19 BIS. El Poder Ejecutivo llevará un registro unificado de casos
atendidos por los organismos competentes y anualmente elaborará un informe
estadístico de acceso público que permita conocer las características de
quienes ejercen o padecen violencia y sus modalidades, vínculo entre las
partes, tipos de violencia, de medidas adoptadas y sus resultados para el
diseño de políticas públicas, investigación, formulación de proyectos y
producción de informe en el marco de los compromisos contraídos con Organismos
de seguimiento y/o monitoreo de Tratados y/o Convenciones y/o otros
instrumentos referidos a la materia.
ARTICULO 3. Derógase el artículo 23 de la Ley 12569 y sus modificatorias.
ARTICULO 4. El Poder Ejecutivo adecuará la reglamentación en un plazo no
superior a noventa (90) días y ordenará la publicación de la presente ley con
su decreto reglamentario, juntamente con el texto íntegro de la Ley 26485.
ARTICULO 5. Comuníquese al Poder
