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Jueves 20 de Agosto
20/08/2009
Dr. Romano: “El problema de la niñez ya no es político, es social y es de todos”
El Dr. Carlos Antonio Romano es Juez del Tribunal de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Morón. En el marco del Seminario “Nueva Legislación en Materia de Niñez y Adolescencia, Ley Nacional 26.061, Ley Provincial 13.298, Decreto 300 - 1º Preparatoria de las XI Jornadas de Familia, Infancia y Adolescencia” que se llevó a cabo el pasado miércoles 19 en el Colegio de Abogados de Morón, habló, entre otras
cosas, de lo que falta para que se cumplan ambas leyes provincial y nacional, del rol del Estado, de la baja en la edad de imputabilidad de los menores y del rol de los profesionales que apunten a esta temática
Leyendo las leyes 26.061 y 13.298 enseguida se tiene la sensación de que el 95% de ítems no se cumplen, ¿puede ser?
Sin duda. Hay una imposibilidad de incumplimiento basada netamente en los recursos. Después de la Convención del Derecho del Niño (N. de R.: se refiere a la adoptada por la Asamblea General del las Naciones Unidas el 20 d noviembre de 1989) se dividieron las funciones entre lo que le corresponde a la justicia y a las políticas públicas. En el tema infancia, la incapacidad de recursos se generan por parte de políticas públicas que, lógico, traen consigo que no se cumplan. Y se nota en la incapacidad de reparar el derecho de un niño amenazado o vulnerado. Se lo intenta ayudar a través de programas de invitación al grupo familiar. O mediante subsidios a hacer una buena componenda en situaciones de conflictiva intrafamiliar. Pero el derecho del niño no sólo se reduce a un esquema intrafamiliar, sino que es un derecho del niño y la sociedad que tiene que ver con la educación o la salud.
¿Y qué establece el sistema?
Que el chico priorice administrativamente a los adultos por sobre el programa. Y encima, si no hay recursos, tampoco hay programa. Y si los operadores del sistema no están capacitados, que son también recursos que requiere dicho programa, entonces ya nada se cumple. Y entonces es la sociedad quien va a recibir toda la problemática. Tenemos un estado que abandona posiciones de gendarme y es la sociedad la que se va a ocupar de esto. Y que tampoco está preparada.
Hay como una sensación de que siempre se vuelve a empezar en materia de derechos del niño. Es decir, que no avanzamos, sino que siempre se empieza de cero. ¿Dónde se está fallando?
Que el chico priorice administrativamente a los adultos por sobre el programa. Y encima, si no hay recursos, tampoco hay programa. Y si los operadores del sistema no están capacitados, que son también recursos que requiere dicho programa, entonces ya nada se cumple. Y entonces es la sociedad quien va a recibir toda la problemática. Tenemos un estado que abandona posiciones de gendarme y es la sociedad la que se va a ocupar de esto. Y que tampoco está preparada.
Hay como una sensación de que siempre se vuelve a empezar en materia de derechos del niño. Es decir, que no avanzamos, sino que siempre se empieza de cero. ¿Dónde se está fallando?
Muy buena pregunta. Hablemos de la infancia vulnerada visible. Son todos los chicos que tienen derechos y es obligación del Estado promocionarlos. Pero la que más nos llega es la infancia vulnerada visible, es decir, la pobre, afligida o enferma. El esquema básico familiar, antes era tribal. Era un gran clan. Y era ese clan el que se ocupaba de un chico que quedaba huérfano o que fuera maltratado por sus padres. Enseguida se metía un pater familia o algún abuelo y solucionaba todo. De hecho, hoy en día, en Medio Oriente, se siguen resolviendo así esas cuestiones y casi siempre de manera justa. Pero llegó un momento en que se hace un entorno antropológico hacia la familia mononuclear y desapareció la calidad del clan. Antes, los domingos se comía en grandes meses, con una gran familia. Hoy eso se perdió. Y dentro de ese esquema, hay mucha niñez desprotegida.
¿Y el Estado cómo interviene en este caso?
Funciona a través de la ley de patronato. Le encarga a un juez que movilice un esquema de solución del problema de la niñez y surgen los tribunales de menores. Y esto lo cuestionó muchísimo la Convención de finales de los ’80 que decían que no era lógico mezclar un juez que maneja conductas delictivas con quien debe trabajar sobre un chico que está en responsabilidad penal que tiene problemas de conducta u otro que le faltan recursos familiares. Todo se solucionaba con la misma ley.
¿Cambió eso?
Ahora dimos un vuelco. Cambiamos en la concepción de ver al niño como sujeto de derecho. Pero los argentinos nos polarizamos y todo lo que se hizo hasta entonces bajo el esquema tutelar era mala palabra. Ese sistema lo objetivizaba al chico y le quitaba libertad. Y no debería ser ni una cosa ni la otra. Algunos dicen que el chico parece un conjunto de derechos a proteger y no es así. Se protegen personas que tienen derechos. Igual, sigue existiendo por parte del Estado la obligación de proteger. Se rompió con el patronato y se llegó a un esquema donde una sociedad no informada, no capacitada, va a recibir la problemática del chico. Hay otra: las redes de organizaciones no gubernamentales en la que también se basa todo sistema provincial o nacional. Pero estas organizaciones tampoco tienen recursos porque el Estado no tiene plata.
¿En qué momento el Estado pasa de ser protector a penar una conducta?
Bueno, el patronato parte del decreto 22.278 de la época de la dictadura. Y es el decreto que estamos tratando de cambiar. Tenemos una historia pendular y no debería ser ninguno de los dos extremos. No nos sabemos manejar con códigos. La falta de recursos hace que creamos que podemos cambiar realidades por decreto o por ley. Es esta sensación de que siempre intentamos, mediante una ley, corregir algo que se hizo mal. Y siempre se va a hacer mal mientras intentemos corregirlo solamente con la ley. En esto se necesita difusión, una renovación del paradigma y sobre todo, una sociedad comprometida.
¿Hay que bajar la edad de imputabilidad?
No. Lo que hay que bajar es la edad para que el chico ingrese en la responsabilidad penal juvenil.
¿Cuál es la diferencia?
Nadie lo explica bien. “Imputa” significa que el Estado no ha cedido el derecho a perseguir a quien cometa un delito. Estar con responsabilidad penal implica que podes estar con o sin pena de prisión. Como con las adicciones. La pena puede convertirse en un tratamiento terapéutico, por ejemplo. Son penas de seguridad educativa pero que no son penas de prisión. Creo que un chico de 12 años puede captar bien cierta responsabilidad con el compromiso social y penal. Sí quiero que intervenga un juez y sí quiero que haya un debido proceso. Pero también quiero que al chico se le de un marco de contención. Para imputar tenemos que asegurarnos de su discernimiento. Y en cuanto a discernir en lo que hace a la intencionalidad, es algo que no tiene que ver con la edad. Hay chicos de 16 que parecen de 28 y chicos de 24 que dan la sensación de no querer irse nunca de la casa de sus padres. Son esquemas de maduración distintos. De modo que es un silogismo falso manejado desde las políticas públicas, los medios e incluso, desde la discusión intelectual.
¿Cómo deben tomar esto los profesionales que empiezan a abocarse a esta temática?
Tienen que entender que es algo que tenemos que construir entre todos. Que tenemos un Estado impotente que tiene que asumir su gran carencia de estructuras y que ya no es un problema político sino, social. El problema de la niñez es de todos y ojalá, entiendan y empiecen a operar así.-
Jueves 20 de Agosto
20/08/2009
Dr. Romano: “El problema de la niñez ya no es político, es social y es de todos”
El Dr. Carlos Antonio Romano es Juez del Tribunal de Familia Nº 1 del Departamento Judicial de Morón. En el marco del Seminario “Nueva Legislación en Materia de Niñez y Adolescencia, Ley Nacional 26.061, Ley Provincial 13.298, Decreto 300 - 1º Preparatoria de las XI Jornadas de Familia, Infancia y Adolescencia” que se llevó a cabo el pasado miércoles 19 en el Colegio de Abogados de Morón, habló, entre otras
cosas, de lo que falta para que se cumplan ambas leyes provincial y nacional, del rol del Estado, de la baja en la edad de imputabilidad de los menores y del rol de los profesionales que apunten a esta temática
Leyendo las leyes 26.061 y 13.298 enseguida se tiene la sensación de que el 95% de ítems no se cumplen, ¿puede ser?
Sin duda. Hay una imposibilidad de incumplimiento basada netamente en los recursos. Después de la Convención del Derecho del Niño (N. de R.: se refiere a la adoptada por la Asamblea General del las Naciones Unidas el 20 d noviembre de 1989) se dividieron las funciones entre lo que le corresponde a la justicia y a las políticas públicas. En el tema infancia, la incapacidad de recursos se generan por parte de políticas públicas que, lógico, traen consigo que no se cumplan. Y se nota en la incapacidad de reparar el derecho de un niño amenazado o vulnerado. Se lo intenta ayudar a través de programas de invitación al grupo familiar. O mediante subsidios a hacer una buena componenda en situaciones de conflictiva intrafamiliar. Pero el derecho del niño no sólo se reduce a un esquema intrafamiliar, sino que es un derecho del niño y la sociedad que tiene que ver con la educación o la salud.
¿Y qué establece el sistema?
Que el chico priorice administrativamente a los adultos por sobre el programa. Y encima, si no hay recursos, tampoco hay programa. Y si los operadores del sistema no están capacitados, que son también recursos que requiere dicho programa, entonces ya nada se cumple. Y entonces es la sociedad quien va a recibir toda la problemática. Tenemos un estado que abandona posiciones de gendarme y es la sociedad la que se va a ocupar de esto. Y que tampoco está preparada.
Hay como una sensación de que siempre se vuelve a empezar en materia de derechos del niño. Es decir, que no avanzamos, sino que siempre se empieza de cero. ¿Dónde se está fallando?
Que el chico priorice administrativamente a los adultos por sobre el programa. Y encima, si no hay recursos, tampoco hay programa. Y si los operadores del sistema no están capacitados, que son también recursos que requiere dicho programa, entonces ya nada se cumple. Y entonces es la sociedad quien va a recibir toda la problemática. Tenemos un estado que abandona posiciones de gendarme y es la sociedad la que se va a ocupar de esto. Y que tampoco está preparada.
Hay como una sensación de que siempre se vuelve a empezar en materia de derechos del niño. Es decir, que no avanzamos, sino que siempre se empieza de cero. ¿Dónde se está fallando?
Muy buena pregunta. Hablemos de la infancia vulnerada visible. Son todos los chicos que tienen derechos y es obligación del Estado promocionarlos. Pero la que más nos llega es la infancia vulnerada visible, es decir, la pobre, afligida o enferma. El esquema básico familiar, antes era tribal. Era un gran clan. Y era ese clan el que se ocupaba de un chico que quedaba huérfano o que fuera maltratado por sus padres. Enseguida se metía un pater familia o algún abuelo y solucionaba todo. De hecho, hoy en día, en Medio Oriente, se siguen resolviendo así esas cuestiones y casi siempre de manera justa. Pero llegó un momento en que se hace un entorno antropológico hacia la familia mononuclear y desapareció la calidad del clan. Antes, los domingos se comía en grandes meses, con una gran familia. Hoy eso se perdió. Y dentro de ese esquema, hay mucha niñez desprotegida.
¿Y el Estado cómo interviene en este caso?
Funciona a través de la ley de patronato. Le encarga a un juez que movilice un esquema de solución del problema de la niñez y surgen los tribunales de menores. Y esto lo cuestionó muchísimo la Convención de finales de los ’80 que decían que no era lógico mezclar un juez que maneja conductas delictivas con quien debe trabajar sobre un chico que está en responsabilidad penal que tiene problemas de conducta u otro que le faltan recursos familiares. Todo se solucionaba con la misma ley.
¿Cambió eso?
Ahora dimos un vuelco. Cambiamos en la concepción de ver al niño como sujeto de derecho. Pero los argentinos nos polarizamos y todo lo que se hizo hasta entonces bajo el esquema tutelar era mala palabra. Ese sistema lo objetivizaba al chico y le quitaba libertad. Y no debería ser ni una cosa ni la otra. Algunos dicen que el chico parece un conjunto de derechos a proteger y no es así. Se protegen personas que tienen derechos. Igual, sigue existiendo por parte del Estado la obligación de proteger. Se rompió con el patronato y se llegó a un esquema donde una sociedad no informada, no capacitada, va a recibir la problemática del chico. Hay otra: las redes de organizaciones no gubernamentales en la que también se basa todo sistema provincial o nacional. Pero estas organizaciones tampoco tienen recursos porque el Estado no tiene plata.
¿En qué momento el Estado pasa de ser protector a penar una conducta?
Bueno, el patronato parte del decreto 22.278 de la época de la dictadura. Y es el decreto que estamos tratando de cambiar. Tenemos una historia pendular y no debería ser ninguno de los dos extremos. No nos sabemos manejar con códigos. La falta de recursos hace que creamos que podemos cambiar realidades por decreto o por ley. Es esta sensación de que siempre intentamos, mediante una ley, corregir algo que se hizo mal. Y siempre se va a hacer mal mientras intentemos corregirlo solamente con la ley. En esto se necesita difusión, una renovación del paradigma y sobre todo, una sociedad comprometida.
¿Hay que bajar la edad de imputabilidad?
No. Lo que hay que bajar es la edad para que el chico ingrese en la responsabilidad penal juvenil.
¿Cuál es la diferencia?
Nadie lo explica bien. “Imputa” significa que el Estado no ha cedido el derecho a perseguir a quien cometa un delito. Estar con responsabilidad penal implica que podes estar con o sin pena de prisión. Como con las adicciones. La pena puede convertirse en un tratamiento terapéutico, por ejemplo. Son penas de seguridad educativa pero que no son penas de prisión. Creo que un chico de 12 años puede captar bien cierta responsabilidad con el compromiso social y penal. Sí quiero que intervenga un juez y sí quiero que haya un debido proceso. Pero también quiero que al chico se le de un marco de contención. Para imputar tenemos que asegurarnos de su discernimiento. Y en cuanto a discernir en lo que hace a la intencionalidad, es algo que no tiene que ver con la edad. Hay chicos de 16 que parecen de 28 y chicos de 24 que dan la sensación de no querer irse nunca de la casa de sus padres. Son esquemas de maduración distintos. De modo que es un silogismo falso manejado desde las políticas públicas, los medios e incluso, desde la discusión intelectual.
¿Cómo deben tomar esto los profesionales que empiezan a abocarse a esta temática?
Tienen que entender que es algo que tenemos que construir entre todos. Que tenemos un Estado impotente que tiene que asumir su gran carencia de estructuras y que ya no es un problema político sino, social. El problema de la niñez es de todos y ojalá, entiendan y empiecen a operar así.-
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