La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado, según la Ley Nacional 26.206. La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación.
En este sentido, las personas tienen derecho a recibir educación, ser respetados en su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas, morales y políticas en el marco de la convivencia democrática. Además, recibir orientación vocacional, académica y profesional-ocupacional que posibilite su inserción en el mundo laboral o la prosecución de otros estudios. También, estar amparados por un sistema de seguridad social durante su permanencia en el establecimiento escolar y en aquellas actividades programadas por las autoridades educativas correspondientes.
Por este motivo, el Estado tiene la responsabilidad de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.
En este sentido, la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires aborda las quejas relacionadas con el ámbito educativo provincial que afecten a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, es decir, directivos, docentes, personal no docente y alumnos. Los casos más frecuentes que se atienden en esta área son:
• Problemas de inscripción
• Niños con reducción horaria por problemas de conducta
• Agresiones y/o maltrato entre niños y entre docentes y alumnos
• Problemas de escalafón
• Cobros atrasados
• Expedientes muy demorados
• Validez de cursos
• Jubilación del docente
• Asignación por hijo
• Becas
• Escuelas de Educación Especial
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