El 20 de noviembre se celebran los 25 años de la Convención de los Derechos del niño, y mas allá de lo estrictamente conmemorativo, es un aporte tener una mirada sobre algunas de las situaciones que viven hoy en día los jóvenes y niños de nuestro país.
La Convención de los Derechos del Niño fue adoptada hace 25 años por la Asamblea General de las Naciones Unidas y se coinvirtió en el instrumento internacional más ratificado a nivel mundial.
Establece las medidas mas básicas sobre el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. La Convención dispone derechos para todas las personas menores de 18 años, independientemente de su etnia, religión, género, origen social o cualquier otra condición y es considerada la declaración más completa de los derechos del niño que jamás se haya realizado.
“En ella se incluyen estándares mínimos relacionados con la supervivencia, el desarrollo, la protección, la no discriminación y la participación e incorpora el principio del interés superior del niño entendido como una consideración primordial a la hora de tomar decisiones que les afecten y que deben primar para garantizar un desarrollo integral y una vida digna”, expresó UNICEF en relación a la conmemoración de la fecha, pero aclara que, “a pesar de la existencia de toda esta serie de derechos, los niños y las niñas sufren a causa de la pobreza, la falta de hogar, los malos tratos, el abandono, las enfermedades que se pueden prevenir, la desigualdad en el acceso a la educación y la existencia de sistemas de justicia que no reconocen sus necesidades especiales. Estos son problemas que ocurren tanto en los países industrializados como en aquellos que se encuentran en desarrollo”.
Dicha Convención de los Derechos del Niño, se diluye muchas veces en la práctica cotidiana. En una columna recientemente publicada en Página 12, la Lic. Eva Giberti, destacada especialista en la materia, explicó que el equipo encargado de recibir denuncias de abuso en la Ciudad de Buenos Aires, “afirma que recibe cinco denuncias diarias por abuso sexual contra niños y niñas. Pero de ellas, (de cada cinco) tres adultos, después de denunciar, se niegan a instar la causa penal, es decir, a autorizar la investigación, el seguimiento del caso en el ámbito del derecho”.
